jueves, 25 de mayo de 2017

Uruguay no se presentó

Falta de voluntad





Uruguay, como Estado, ausente en audiencias de la CIDH

“Es algo insólito. Nos dicen de la Comisión que nunca ha pasado”, dijo Guianze

Este jueves el Observatorio Luz Ibarburu presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sesiona extraordinariamente en Buenos Aires. Según informó la periodista de RNU enviada a Buenos Aires, Mónica de León, Uruguay como Estado no asistió a la audiencia de la CIDH y envió un escrito.

La directora de la Institución de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, opinó en De Ocho a Diez que “es algo insólito” que Uruguay no se presente a audiencia. “Nos dicen de la Comisión que nunca ha pasado”, dijo y agregó: “Uruguay es un país muy próximo, por lo cual no tendría dificultades para trasladarse”.

“Al parecer (el Estado uruguayo) habría enviado ayer una nota a la CIDH comunicando que no iba a venir, pero el espíritu de la audiencia es intercambiar, para que la comisión medie y luego saque sus conclusiones”, dijo Guianze.

El Observatorio Luz Ibarburu presentaría su preocupación por el estancamiento de 300 causas y del comando Barneix.

Guianze opinó que hace falta una política de Estado. “El Estado es el último responsable por las vulneraciones a los Derechos Humanos, los tres poderes. El Poder Ejecutivo tuvo en su momento algunas iniciativas interesantes pero ahora se requiere que haya un presupuesto acorde para que se pueda investigar”, acotó.



Escuchar aquí móvil de Mónica de León desde Buenos Aires y la entrevista a Mirtha Guianze.


Denuncian en la CIDH la impunidad en Uruguay

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sesiona en Buenos Aires recibirá hoy en Audiencia al Observatorio Luz Ibarburu. Se plantearán centralmente las amenazas del “Comando Barneix” y la inoperancia de la Justicia en las causas de Derechos Humanos vinculadas a la dictadura.

Hernán Yanes
Sebastián Artigas
Jueves 25 de mayo


Durante la sesión 162 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se lleva a cabo en Buenos Aires, se realizará en el día de hoy la audiencia solicitada por el Observatorio Luz Ibarburu, organización que realiza el seguimiento de 305 expedientes judiciales referidos a casos de violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.

El Observatorio solicitó la audiencia en función de las amenazas del denominado Comando Barneix contra civiles vinculados a causas de derechos humanos y la falta de cumplimiento de la sentencia de condena al Uruguay en el caso Gelman. Esa sentencia obliga a Uruguay a remover todos los obstáculos que impidan el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y obliga al Estado a garantizar a las victimas sus derechos en materia de justicia, verdad y reparación.

Con respecto al comando Barneix no han existido avances en la investigación acerca de su accionar, situación similar a lo sucedido con el robo y atentado Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay [GIAF] acaecido hace más de un año. Estos hechos, junto a la comprobación de espionaje en el periodo democrático hablan de la impunidad reinante y el intento de amedrentar y silenciar a los denunciantes en las causas de DDHH.

El Observatorio planteará también las numerosas dificultades existentes a nivel judicial para avanzar en la investigación de las causas producto de la falta de voluntad política de parte del Estado.

Las cifras de la impunidad

A 32 años del retorno democrático solo hay procesados o cumpliendo su condena 19 represores (a los que se suman 7 ya fallecidos).

Si oficialmente se reconoce que casi 6000 personas pasaron por la Justicia Militar durante la dictadura, es decir que estuvieron presas y que fueron torturadas o sufrieron malos tratos y además hay más de 100 desaparecidos la cifra de menos de 30 responsables procesados muestra la magnitud de la impunidad y falta de justicia.

De los más de 300 expedientes penales, vinculados a la dictadura, el 70% no ha superado la indagatoria presumarial (no hubo siquiera el inicio del proceso). De las demás, un 23% han sido archivadas, 7% acumuladas a otros expedientes, 3% permanecen en etapa de sumario, 1% no se encuentran registradas, en 1% se declinó competencia, y solo un 3% recibió sentencia.

La actitud de los políticos del régimen heredero del Pacto del Club Naval da cuenta también del intento por dar vuelta la página y la voluntad de no avanzar hacia la verdad y la justicia. A la protección “militante” y explícita de blancos y colorado hacia asesinos y torturadores se le suma las señales que han dado los dirigentes del Frente Amplio en estos años. La visita de Mujica al represor Dalmao luego de su condena, el pedido de libertad para los “pobres viejitos” genocidas, la gestión de Huidobro como ministro protegiendo militares, entre otros hechos, dan cuenta de que el Frente Amplio tampoco está interesado en el avance de la verdad y la justicia.






Sandro Soba

El general retirado Raúl Mermot :  "Evidentemente que hubo excesos, pero me consta en lo personal de jamás haber estado en una sesión de tortura a nadie. No confundir tortura con apremio físico. Se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio físico"


por Jorge Zabalza (en memoria del Cacho Benia) publicado en VOCES


“Hoy es una tarde donde la verdad como la justicia siguen ausentes: las mentiras y la banalización de las tortura en dictadura nos trata de ganar la cabeza. Lo que ellos llaman exceso fue tortura, como claramente lo dijo el fiscal y presentó inmediatamente la apelación. Arriba los que luchan y si no hay justicia, habrá condena social”. Sandro Soba luego que Blanca Rieira interpetó la ley de modo de no encontrar razón alguna para procesar el general Mermot por apología de la tortura.


Si mal no recuerdo, medio siglo atrás nos enseñaban en Facultad que la conducta del hacedor de justicia traducía en acción la palabra de la ley, o sea, que hacer justicia es actuar conforme a lo prescrito por el derecho positivo. La justicia no es un valor abstracto sino una cuestión práctica; no es un principio etéreo, intangible o divino sino una forma de comportamiento humano, concreta, vulgar y silvestre.

Para Aristóteles era muy justo que unas personas nacieran para esclavos y las otras para ser sus amos, su sentido de justicia era el mismo que luego se convirtió en dogma de la iglesia católica y siglos después reglaría la conducta de los nazis. Sin embargo, no era el que tenían los violentamente reducidos a la esclavitud. Para ellos, justicia era la de Espartaco. El mundo cambia y los filósofos griegos ya no pueden boludear, paseando sus ocios por templos y plazas marmoladas para consumir el tiempo libre que robaban a los esclavos. Aunque salario mediante las mayorías siguen sometidas sutilmente al trabajo forzoso, hoy día nadie en el mundo puede creer que la esclavitud sea un acto de justicia. Ni el fiscal Zubía podría ser tan payaso de sostener semejante barbaridad.

Los actos de justicia se dan en dos momentos: en el primero, se aprueban las leyes, códigos y constituciones y en el segundo, se aplican las normas o se administra justicia. En el primer momento, los parlamentarios aprueban leyes en función de sus concepciones y puntos de vista políticos, que son los hegemónicos, o sea los de la clase social dominante. Lo político prima sobre lo jurídico, como dice algún sabio de boliche. Fue por esa razón que, poco después del 2005, los diputados y senadores progresistas aprobaron la ley que convirtió la ocupación de tierras en delito penal, una decisión política para proteger la propiedad privada de unos pocos. Cometer un acto legislativo tan injusto les provocó reordimientos y por eso, haciendo gala de fina hipocresía, aplauden contentos al gran rostrudo que defendió la propiedad social de la tierra y la reforma agraria en un acto en Brasil, bien lejos de donde votó sancionar con años de prisión a los que ocuparan tierras.

Primero se aprueba el paquete político-jurídico y luego se debe aplicarlo en concreto. Hubo momentos de la historia en que esa secuencia escalonaba leyes que favorecían a los muchos y un poder político que las aplicaba sin pusilanimidades. Fue así cuando José Artigas promulgó el Reglamento de Tierras de 1815 y lo aplicó repartiendo los latifundios expropiados sin indemnización. Fue un acto de justicia para los miles de beneficiarios del reparto y un acto de injusticia para los malos españoles y peores americanos dueños de las enormes estancias. También fue un acto popular de justicia cuando en aplicación de una ley aprobada por la Convención Nacional, los parisinos pasaron por la guillotina los cuellos de la familia real francesa. Acto lamentado como una injusticia por la nobleza feudal europea que se organizó en la Santa alianza para ver de restaurar el derecho divino a ser oprimidos por reyes. No hay vuelta, lo que es justicia para el pueblo, es injusticia para quienes lo someten y explotan.

Para absolver al general Mermot, la jueza Blanca Rieiro recurrió a los criterios de justicia esgrimidos por autores de los años ‘30, cuando se imponían las tesis jurídicas del fascismo. Por eso Blanca pudo distinguir torturas de apremios físicos, cómo si no fueran la misma cosa. Rieiro debería haber sufrido plantón durante una semana, haciéndose pichí en los calzones, con manoseos permanentes a su culo y tetas, para tener una idea práctica del apremio físico versión Mermot. Su forma de ver la justicia cosecha elogios y aplausos de los sectores comprometidos con la impunidad a la vez que es rechazada por quienes sentimos que en este país están ausentes la Verdad y la Justicia. Las víctimas ven la justicia con un color y los victimarios la ven sin color alguno, absolutamente negra. Blanca Rieiro eligió aplicar el sentido de justicia que protege a los impunes.

En cambio, cuando una jueza sostiene que se debe aplicar el derecho internacional a los crímenes de lesa humanidad, será implacablemente perseguida por los dueños del poder -civiles y militares- para que no practique sus interpretaciones, aunque ellas sean compartidas por la mitad de los ciudadanos que votaron en el 2009. En la misma dirección, para imponer el Olvido y el Perdón como práctica jurídica, fueron amenazados los abogados y personalidades defensores de los derechos humanos en el Uruguay. Quieren que se hagan amigos de los jueces de la impunidad, que no les den de qué quejarse. Usan su poder para presionar a quienes entienden que justicia es condenar a los criminales del terrorismo de Estado.

La retirada ordenada a los cuarteles en 1985, nos dejó sometidos a una doble tutela: la de inversores privilegiados con exoneraciones de impuestos, zonas francas y vías férreas para mejorar sus negocios y las de los mandos militares que cada tanto sacan su lengua viperina de la cesta para asustar a Tabaré Vázquez y a su ministro de defensa, Dr. Juan Vicente Chiarino.

El último 20 de mayo se salió otra vez a gritar en silencio que no queremos vivir más bajo tutela, que todos deben ser iguales ante la justicia y el derecho… en realidad, compañeras y compañeros, estamos pidiendo un imposible: el poder judicial, el derecho y el Estado siempre protegerán criminales de lesa humanidad y a inversores de cuello blanco, ¡¡es su razón de ser!! La democracia es tutelada o deja de ser burguesa y se transforma en poder popular. Esa es la realidad, pero nos entretenemos con apologías del onanismo mientras los impunidores hacen su agosto.

Alfredo, amigo mío, a menos que quisieras confirmar lo que ya sabes de antemano, realmente parece ocioso pregunta si la justicia es diferente para pobres y para ricos. Es terrible, pero no somos iguales ante los administradores del poder judicial. En la vida no somos iguales.

Jorge Zabalza

>>> Denuncia penal por apología a la tortura

>>> Absolución de la Jueza Rieiro







El 15 de abril de 1972 el Parlamento aprobó el Estado de Guerra Interno. Otorgó competencias a la denominada Justicia Militar para juzgar las acciones y conductas de todos aquellos ciudadanos que las Fuerzas Conjuntas, integradas por las tres armas y la Policía, entendieran que debían ser sometidas a la misma. Fue en el marco de la guerra desatada, en base al Decreto 566/1971 de Jorge Pacheco Areco, contra lo que se denominó “subversión”.

Esta cesión de atribuciones, exclusivas y propias del Poder Judicial, al ámbito castrense, significó una grave alteración de la realidad institucional del país, basada, hasta ese momento, en tres poderes independientes. El Poder Judicial, sin expresar siquiera inquietud, preocupación o molestia en forma pública, dejó de ser un poder del Estado para transformarse en un apéndice de segundo orden, enfocado en asuntos de menor jerarquía. Las Fuerzas Armadas, actuando ya con gran autonomía, comenzaron a ser casi un poder del Estado para la administración de justicia.

Juez Sumariante: complicidad en torturas

El reciente procesamiento del cnel ® Rodolfo Álvarez Nieto, injustamente procesado según el teniente gral. ® Raúl Mermot, llamó la atención por ser el primer militar a quien se le tipificó el delito de Torturas, a 32 años del retorno a la vida democrática. En su momento, Uruguay fue el país con la mayor cantidad de presos políticos en relación a su población. La tortura, masiva, sistemática, generalizada, tal como lo señaló Serpaj en 1989, fue la metodología deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas para gobernar, mantenerse en el poder y destruir a los opositores. Más de 6.000 uruguayos fueron formalmente condenados por los tribunales militares.

Aunque fue un notorio torturador, actuando incluso a cara descubierta durante el año 1972, el cnel ® Rodolfo Álvarez Nieto fue procesado por el Dr. Ángel Gómez, no por haber participado en ellas en el caso del denunciante Gerardo Riet, sino por haberlas avalado actuando como Juez Sumariante en el año 1980. Teniendo su sede en el Batallón de Artillería N° 1, La Paloma, concurrió al tenebroso centro clandestino de detención y torturas conocido como La Tablada a tomar testimonio al detenido. Allí, mediante amenazas, lo obligó a firmar un acta que debía resumir sus declaraciones y que él mismo había llevado ya redactada. Así funcionaba la denominada Justicia Militar. Así ocurrió en la inmensa mayoría de los testimonios de los detenidos ante dichos tribunales.

Gerardo Riet fue secuestrado en la calle. Luego de más de 40 días de permanecer desaparecido, aislado, detenido y sometido a torturas brutales que figuran en el expediente, compareció encapuchado, con signos visibles y notorios de lesiones físicas, ante el Juez Sumariante coronel ® Rodolfo Älvarez Nieto, en el mismo centro clandestino de tormentos, que lo obligó a firmar un acta auto incriminatoria confeccionada con anticipación por quienes iban a condenarlo. Sin ningún valor para siempre. Como todas las actas de los tribunales militares.

La Declaración del Estado de Guerra: un golpe a la separación de poderes

La Declaración del Estado de Guerra Interno modificó sustancialmente la institucionalidad democrática en el camino hacia el terrorismo de Estado. El Parlamento concedió facultades extraordinarias a las Fuerzas Conjuntas aumentando su innegable poder. En los hechos, de manera implícita, autorizó el uso de la tortura como metodología estatal en forma masiva, sistemática y generalizada. La represión que se ya desarrollaba desde mucho antes, se profundizó y agravó en todo el país. Privó a miles de uruguayos del legítimo derecho de ser juzgados de manera imparcial como lo establecen las normas constitucionales- Miles fueron sometidos a su jurisdicción inconstitucional, sin garantías y fueron condenados por los aberrantes tribunales castrenses.

La sentencia del juez Ángel Gómez es una condena, irrebatible, incuestionable, con todas las garantías del debido proceso, al cnel. ® Rodolfo Álvarez Nieto por su complicidad en las torturas a que fue sometido Gerardo Riet. Al mismo tiempo es un indudable cuestionamiento a la Justicia Militar cuando ella se aplicó a civiles y a militares constitucionalistas. El mismo se extiende y abarca a la propia Declaración del Estado de Guerra Interno y al sistema político que lo impulsó.

El procesamiento del cnel. ® Rodolfo Álvarez Nieto, producido a 32 años, interpela también a todo el Poder Judicial que no ha actuado al respecto hasta el momento con la firmeza y la tenacidad que corresponde. Ni siquiera el capitán ® Arsenio Lucero que reconoció haber torturado en la causa judicial por abusos sexuales ha sido procesado por dicho delito que desde los tribunales de Nuremberg y de Tokio integra la lista de crímenes de Lesa Humanidad cuando se ejecutan como en el proceso uruguayo.

La investigación y el castigo de las graves violaciones de los derechos humanos es fundamental para que ellas no vuelvan a ocurrir. La impunidad alienta siempre la repetición. No son asuntos viejos. El déficit de la Caja Militar deja claramente al descubierto que impunidad y privilegios van unidos, desde el retorno a la democracia.

Desde octubre de 2011 no existen obstáculos legales que impidan investigar y castigar. Con el auxilio del Poder Ejecutivo, mucho más diligente y comprometido, el Poder Judicial tiene que cumplir con sus obligaciones. La Suprema Corte de Justicia debe hacer su aporte inexcusable al respecto. No más dilatorias toleradas de los terroristas de Estado ni jueces abarrotados de causas imposibilitados de cumplir. No más impunidad.
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Crysol Opinando N° 8 – Año 6 – Jueves 25 de mayo de 2017






Qué cosita!

Que se hagan públicos todos los archivos!!!



por Samuel Blixen

25 mayo 2017

No se vaya a creer que la inteligencia militar invierte la totalidad de sus esfuerzos en espiar a partidos políticos, sindicatos y centros religiosos. También mira para adentro, como revelan muchos documentos de los archivos militares. A continuación, botones de muestra.


PICA LA COLT. No bien se supo que, a finales de 1976, las Fuerzas Conjuntas habían terminado la oleada represiva conocida como Operación Morgan, incautando al Partido Comunista (Pcu) un voluminoso arsenal que incluía 66 rifles M16, la embajada de Estados Unidos en Uruguay manifestó un inocultable interés por determinar su procedencia. El M16 era la versión del AR-15 que la fábrica Colt fabricaba exclusivamente para el Pentágono y que había confrontado su poder de fuego y versatilidad con el soviético AKA-41 en la guerra de Vietnam. Una buena parte de los M16 incautados habían sido introducidos en Punta Piedras, en la costa fernandina, entre La Barra y Manantiales, trasbordados de un carguero ruso a una lancha, Aldabarán, a finales de los años sesenta. Esos rifles fueron distribuidos en casas de militantes del Pcu, que los escondieron durante años, hasta que el encargado de logística del aparato armado, el Pato Coirolo –considerado el Amodio del Pcu–, decidió entregar todos los “berretines” no bien fue detenido por oficiales del Sid (Servicio de Información de Defensa).
El parte especial de información número 179 del Estado Mayor del Ejército, rotulado como “secreto”, explicaba, el 15 de abril de 1977, que “esta oficina no tiene medios de obtener mayor información sobre cómo el Pcu obtuvo dichas armas”. No iban a ser más realistas que el rey: el agregado de Defensa de la embajada de Estados Unidos informaba que la Oficina de Identificación de Armas Militares había fracasado en el intento de “rastrear el origen de la corriente de rifles M-16 rescatados en Uruguay, en escondrijos”. De los 66 rifles, el Departamento de Defensa sólo pudo confirmar que siete de ellos se habían “perdido” en Vietnam. El resto debía atribuirse al departamento de contrabando de la Colt: “Las investigaciones revelaron que el fabricante había duplicado el número de serie en 2.578 rifles M-16”. (Documento 0066, rollo 576, “Archivo Berrutti”.)


PIOJOS SEDICIOSOS. El teniente coronel Marcelino Rodríguez, jefe del Departamento II del Estado Mayor del Ejército, ingresó la información proveniente del Departamento de Seguridad Militar del Ministerio de Defensa, originada el 23 de abril de 1977, dando a conocer que el hijo del soldado de primera Luis Augusto Costa fue expulsado de la escuela número 169 del Cerro, por la directora y maestra Dinora, aduciendo que el niño tenía “pediculosis”. El teniente coronel ordenó distribuir copias al Sid y al Estado Mayor Conjunto (Esmaco). (Documento 0114, rollo 576, “Archivo Berrutti”.)


¿PARA QUÉ? La Junta de Comandantes en Jefe, por intermedio del Servicio de Información de las Fuerzas Armadas (Siffaa) daba a conocer el 30 de noviembre de 1984, cinco días después de las elecciones nacionales que confirmaron la redemocratización, que quedaban sin efecto las requisitorias de 12 ciudadanos cuyas capturas habían sido solicitadas en años anteriores. Algunas, por prescripción del delito, otras por procesamientos, y hasta una por “haber regularizado su situación”. Entre los ciudadanos figura Miguel Ángel Ríos Casas, cuyo procesamiento fue dictado “de acuerdo a lo establecido por Oficio número 406/84, de fecha 20-XI-84 del Juzgado de Instrucción Militar de Cuarto Turno”. Ríos Casas fue herido de bala en un tiroteo ocurrido el 26 de diciembre de 1977 en la localidad de Laferrere, La Matanza, provincia de Buenos Aires. Fue visto por última vez en el centro clandestino “Pozo de Quilmes”, en abril-mayo de 1978, fecha en que se presume hubo un traslado clandestino a Uruguay de prisioneros secuestrados en Argentina. El 20 de noviembre de 1984 estaba definitivamente desaparecido. (Documento 0036, rollo 595, “Archivo Berrutti”.)




UN PREMIO AL MEJOR CORRUPTO. Un comunicado de la Guardia de Artigas denunciaba, a comienzos de 1994, los actos de corrupción del coronel Milton Gianola, a quien le atribuían “un pasar fastuoso”, debido a los beneficios obtenidos con la compra de equipos cuando era jefe del Departamento de Informática del Estado Mayor del Ejército, con la actualización de tanques M-41 mientras oficiaba como jefe de Logística, y en los negociados secundados por el empresario Svetogorsky, presidente de International Trade Consorcium (Itc) y realizados a través de Cambio Durán, “del que es accionista el coronel Gianola”. La Guardia de Artigas denunciaba que el teniente general Rebollo había sido puesto en conocimiento de los actos de corrupción, y que su sucesor, el teniente general Daniel García, también había ignorado la denuncia, designándolo para una misión en Mozambique.
El informe interno número 11 de la inteligencia militar confirmaba que el Cambio Val de Marne, propiedad de Sergio Durán Buedo, y el Cambio Durazno tuvieron al coronel Gianola como “cliente en calidad de jerarca de reparticiones militares”, e identificaba al coronel Alberto Loureiro como ejecutivo de la firma de Svetogorsky. (Documento 0063, Rollo 1423, “Archivo Berrutti”.)


PECADOS MENORES. Daniel Alejandro Bordón había sido agente de segunda en la comisaría 10, y en setiembre de 1994 hizo una solicitud de ingreso para trabajar en el Departamento III (Operaciones) de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid). El estudio de seguridad correspondiente al aspirante resultó negativo, “ya que figura en una lista de probables firmantes al referéndum por la ley 15.848”. Por si fuera poco, extendiendo el estudio de seguridad a las referencias aportadas, resultó que su madre, su padre y su concubina “son todos afiliados al Pcu”. La solicitud fue denegada. (Documento 0295, Rollo 1423, “Achivo Berrutti”.)
La ex soldado de primera Andrea Volpi había dejado de trabajar en el Departamento IV de la inteligencia militar en febrero de 1994 por “rescisión de contrato”. Al mes siguiente había obtenido un nuevo empleo, pero a sus familiares sólo les comunicó el número de teléfono de su trabajo: 473665. Los familiares dedujeron que Andrea no quería decir dónde trabajaba. Pero la Dgi, que todo lo sabe, “habiéndose efectuado búsqueda en la guía de Antel”, pudo descubrir que el teléfono pertenecía al diario La República, y concluyó que Volpi no deseaba “mencionar o admitir que estaba trabajando en ese órgano de prensa”. Una discreta vigilancia comprobó que “la causante concurrió a esta sede de la dirección y se movilizó libremente por varias instalaciones, la planta alta, la plaza de armas y el costado del casino, donde trabaja su hermana”. “Interrogada en forma casual, al serle consultado dónde estaba trabajando, manifestó textualmente: en el Cambio Velso.” (Documento 1001, rollo 1540, “Archivo Berrutti”.)
Verónica Isabel Piloni Torres, soldado de primera, que trabajaba en el Centro de Procesamiento de Datos del Servicio Geográfico Militar, tuvo la mala idea de concurrir, junto con su esposo, al acto final del Encuentro Progresista, en noviembre de 1994, “portando banderas”. La inteligencia puede ser lerda pero siempre se manifiesta: en agosto de 1995 el Departamento I de la Dgid incorporó la mancha en el legajo. (Documento 1003, rollo 1540, “Archivo Berrutti”.)
Gustavo Coll de León, que en junio de 1995 prestaba servicios en la Fuerza Aérea Uruguaya como soldado de primera, “fue visto en un vehículo con adhesivos del FA”. (Documento 0463, rollo 1540, “Archivo Berrutti”.)
Para cuando el Departamento I de la Dgid obtuvo el estudio de seguridad de la aspirante Verónica Borges, ésta ya estaba trabajando en la Oficina de Personal del Departamento IV de la inteligencia militar desde hacía cinco meses. El estudio había revelado “aspectos negativos indirectos”, puesto que su esposo y dos de las personas aportadas como referencias eran probables firmantes del referéndum contra la ley de caducidad. La revelación no daba para la baja, pero se sugería que fuera “redistribuida a áreas de trabajo menos sensitivas” y que se considerara no renovar el contrato, una vez vencido. (Documento 0352, Rollo 1423, “Archivo Berrutti”.)


TRANSFERENCIAS. En setiembre de 1993, el Departamento III de la Dgid consignaba que “el viaje realizado por el comandante J A N a Suiza se encuadraría en la revisación de los fondos que la fuerza de mar tiene depositados para la reparación de buques. Se sabe que la cuenta fue cambiada de un banco de Londres a uno de Estados Unidos y finalmente a uno de Suiza. Se cree que la misma asciende a millones de dólares y que por el traspaso de fondos de tal magnitud existiría un premio remunerado, lo cual habría ido a recoger el comandante J A N ”. (Documento 0077, Rollo 1326, “Archivo Berrutti”.)








miércoles, 24 de mayo de 2017

Capitales chinos arrasan nuestro mar



 >>> Uruguay amplió plataforma continental



>>> Para entregárselo a los chinos




Acuerdo de Libre Comercio Uruguay - China busca ceder un puerto pesquero a la flota china para el Atlántico Sur, con una zona franca incluída, esto generaría la depredación de los nares territoriales uruguayos hasta la Antártida dándole un toque de legalidad a las actuales incursiones ilegales de los pesqueros chinos arrasando con la riqueza de nuestros mares.


El anuncio de la llegada de empresas chinas en el ámbito de la pesca fue presentado como una buena noticia aunque podría traer consecuencias graves para nuestra comunidad. No sólo a las familias que viven de la pesca artesanal, sino al medio ambiente, a nuestros recursos naturales y a la actividad turística. La palabra de los especialistas, los antecedentes de este tipo de proyectos y el modus operandi de las pesqueras chinas aquí y en el resto del mundo.

960 trabajadores de FRIPUR fueron al seguro de paro

Representantes del Frigorífico Pesquero del Uruguay (Fripur SA), de los trabajadores de esa empresa y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) firmaron el viernes un acta de acuerdo que establece que toda la materia prima ingresada a la planta será procesada para que se comercialice y se pueda pagar los salarios correspondientes a agosto. El jueves, los hermanos Máximo y Alberto Fernández, propietarios de la firma, comunicaron la decisión de cierre al titular del MTSS, Ernesto Murro, quien convocó con urgencia a un ámbito tripartito.



Adriana Pugliese // La Paloma Hoy

“Estuvimos visitando la ciudad de Soushan (…) de esa ciudad es que ha venido cuatro veces una empresa que opera en el rubro pesca y puerto, cuyo nombre es Helishen y que en julio del año pasado comenzó los contactos en nuestro país, y la realidad al día de hoy es que de la solicitud de permiso que han tramitado que fue para pescar merluza negra, tomando como base portuaria el puerto de La Paloma, esos permisos ya están adjudicados por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, por lo tanto, en este momento los barcos que vendrían a la pesca de ese recurso están en fabricación en China. Son tres barcos en los cuales lo que es importante para nosotros, y hemos mantenido reuniones con la ANP, es la aceleración de los procesos de ejecución de obras del puerto, para que los barcos cuando estén prontos puedan tener el calado suficiente para operar.” – este es el nudo del anuncio que realizó el Intendente Aníbal Pereyra a su regreso de China y que poco a poco fue encendiendo las alarmas de la comunidad de La Paloma y debería preocupar en realidad a toda la sociedad uruguaya.





Luego del fallido proyecto de Puerto de Aguas Profundas en Rocha y del indisimulable fracaso del Puerto Maderero en La Paloma - en el cual se malgastaron varios millones de dólares - el gobierno de Rocha busca un nuevo esquema que por lo menos sirva de promesa sobre futuras inversiones, pero parece seguir eligiendo el peor de los caminos: en lugar de potenciar el turismo, de invertir en mejores servicios, de trabajar sobre la seguridad y la infraestructura, está buscando que el Puerto de La Paloma se convierta en base de operaciones de pesqueros chinos…






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China es el mayor mercado del mundo de pescado y tiene la mayor flota pesquera legal e ilegal de ultramar del planeta. El imperio asiático desarrolla la mayor parte de su pesca de ultramar en el oeste de África, y es allí justamente donde se han acumulado la mayor cantidad de denuncias por la actividad ilegal y la violación de los territorios marítimos.

En América Latina hace tiempo que algunos países ven con preocupación el interés chino en la zona ya que, en determinados casos, la falta de control hace que el territorio marítimo de nuestra región sea una verdadera oportunidad de llevarse todo lo que puedan, ya que nadie o casi nadie los vigila… Uruguay, en base a la superficie marítima que posee y a los medios con que cuenta, es el que está en la peor situación, ya que no puede controlar la actividad en su territorio marítimo. Hecho reconocido públicamente por el ex - ministro Fernández Huidobro ante un caso de pesca ilegal. Vale señalar que en Rocha hoy la vigilancia es prácticamente imposible. Fuentes de Prefectura nos indicaron que el primer paso es detectar la presencia de embarcaciones ilegales, para lo cual se necesitaría un Radar (el puerto de La Paloma no tiene Radar), y el segundo paso sería capturar a los buques, (la Prefectura asentada en Rocha no tiene embarcaciones para intervenir, ni está equipada o entrenada para ese tipo de acción…).


Entonces, darles permiso para pescar en nuestras aguas y que usen de base el puerto de La Paloma permitiría que llevaran adelante la operatoria ya comprobada en otros lugaes: que acuerden el ingreso de algunos buques pesqueros chinos mediante permisos de pesca, pero ingresen a pescar cientos de buques mellizos sin control alguno, o con un supuesto control formal que “tranquilice” a la población
. (Ver aquí los datos recogidos por el experto en industria pesquera César Augusto Lerena.)

Este sería, a todas luces, uno de los fundamentos principales del interés chino en esta zona.


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Hoy en día en el puerto de La Paloma están trabajando alrededor de 30 lanchas o barcazas de pescadores artesanales, todos ellos pertenecientes al entramado social local. Hablamos con algunos de sus integrantes, quienes explotan de manera sostenible los recursos en La Paloma, y nos expresaron sus temores por la falta de controles del gobierno para con las empresas pesqueras de bandera china y las pésimas experiencias del pasado.


Debido a este interés manifestado en los últimos meses por los asiáticos en recalar en nuestra ciudad (de solo 4500 habitantes y cuya principal fuente de ingresos es el turismo) es que nos hemos abocado desde hace unos días a investigar la pesquería china y sus principales problemas en el mundo, pero principalmente en el sur, donde sabemos los inconvenientes que ha generado y por los cuáles los países limítrofes han negado sistemáticamente la instalación de bases pesqueras chinas en sus puertos. Para recabar datos e informes hemos consultado a especialistas del exterior y del país, a funcionarios de Prefectura, de la Intendencia, de la Administración Nacional de Puertos…


Ya sabemos: en Uruguay, poner un grabador sobre la mesa, y especialmente en Rocha, es como mostrar un arma. Algunos callan de inmediato o palidecen, otros aportan datos y conocimientos recién cuando el grabador se apaga… Sólo algunos hablan abiertamente.


Sin embargo, la información está disponible y con ella podemos exponer aspectos importantes y preocupantes de un proyecto cuya información, no casualmente, se retacea o apenas se insinúa. Los acuerdos se tejen a la sombra, cuando en realidad las leyes obligan a los gobiernos a informar a la población las decisiones que toman, sobre todo cuando se corre el riesgo de comprometer el patrimonio y el futuro, no solo de una zona, sino de todo un país.
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“Si tuviesen que cumplir con normas, dejaría de interesarles explotar los recursos del Uruguay.”
Milko Mariano Schvartzman se especializa en investigar situaciones de abuso en ultramar. Comenzó el diálogo con La Paloma Hoy afirmando que conoce La Paloma y que conoce a fondo la manera de operar de la flota pesquera china: “También conozco el manejo pesquero con los barcos industriales de Uruguay; los temores de los habitantes de La Paloma están bien fundados.” – afirmó.
En un breve resumen de la situación planteada, Schvartzman explicó que “Debido a la escasez de pescado en el hemisferio Norte, y el agotamiento de los caladeros del Mar de China, éste país subsidia el combustible y el instrumental de su flota pesquera, para que viajen a zonas alejadas del Planeta, para explotar los recursos que ellos han hecho disminuir o desaparecer.”
Otro dato paradigmático es que, según explica Schvartzman “Las embarcaciones chinas tienen capitán y oficiales chinos, y el resto de la tripulación son semi-esclavos procedentes de países en situación desesperante, como Indonesia, Malasia y África. Los barcos chinos han sido denunciados en todo el mundo, y en Uruguay también, por el maltrato a la tripulación, y por la violación de los Derechos Humanos a bordo. En pocas palabras: los barcos chinos son barcos altamente depredadores, con combustible subsidiado por su estado, y con tripulaciones de esclavos.”
En estas condiciones, ninguna embarcación ni pescador de Uruguay puede competir con barcos que reciben subsidios estatales, que utilizan mano de obra esclava, y que además no cumplen con ninguna norma. “Si tuviesen que cumplir con normas - asegura  Schvartzman - dejaría de interesarles explotar los recursos del Uruguay.”
Es decir: un gobierno que se autodefine como progresista estaría impulsando un acuerdo con un país cuyo modelo de explotación pesquera no respeta los derechos a sus trabajadores, que destina a sus empleados a condiciones inhumanas y que realiza prácticas delictivas que son parte del negocio mismo…
En este sentido, el especialista señaló que, en los hechos, “el Gobierno del Uruguay no exige el cumplimiento de la más mínima norma ambiental (ni de pesca sostenible ni sobre contaminación), ni laboral, ni de seguridad a la navegación, a los barcos pesqueros extranjeros que operan en sus puertos” y opinó que no cree que este caso, con el posible acuerdo chino con Rocha, “vaya a ser una excepción.”


Vendepatrias
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En cuanto a las consecuencias directas que esta actividad puede tener en nuestra zona, el especialista fue tajante: “En caso de que estos barcos obtengan permisos para pescar anchoíta u otra especie dentro del Mar de Uruguay, el impacto ambiental y social será devastador, como ya ocurre en varias regiones de África, donde se les ha permitido pescar mediante acuerdos con los gobiernos, y han causado severos daños en el ecosistema y en la economía de los pescadores locales.”
En este sentido, Schvartzman explicó que “El arte de pesca para la anchoíta que se utiliza es la red de arrastre, la cual tiene un severo impacto ambiental, es un método en el que se capturan especies no buscadas 'by-catch'. Además de los impactos del método de pesca, uno de los principales 'aprovechamientos' que se hace de la misma, es para transformarla en harina de pescado, lo cual, por un lado puede ocultar que especies acompañantes sean también hechas harina, y por otro lado, que se constituye en una forma muy poco sostenible de explotación de recursos pesqueros, ya que la anchoíta es una especie de alto valor nutricional, y al transformarla en harina, se la utiliza para forraje de especies de pescado criados en cautiverio, o mascotas, etc.”
Haciendo click aquí se puede acceder a un estudio reciente donde Montevideo es el segundo puerto pesquero del planeta más utilizado por 'reefers' directamente vinculados a la pesca ilegal.
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Sobre la planta de procesamiento y su posible ubicación, que aún no fue definida o por lo menos informada por el Gobierno de Rocha – y cuya habilitación depende, como los permisos de pesca, del ejecutivo nacional- el especialista dijo que “Es muy probable que una planta de procesamiento de pescado se localice muy cerca del puerto. Pero, más allá del lugar en donde esté localizada, hay que tener en cuenta los impactos ambientales y sociales de la misma. En el caso ambiental, por ejemplo, el tema del manejo de los desechos de pescado y los fuertes olores que irremediablemente generan este tipo de plantas… Es posible que el paso posterior sea instalar un puerto pesquero.”
En este sentido, está claro que su efecto sobre la actividad turística puede ser gravísimo: ¿cuántas fuentes de trabajo crearía esta planta y cuantas destruiría por su actividad en la industria turística? ¿Cómo actuarán las instituciones que fomentan el comercio y el turismo en la zona ante esta situación de peligro latente? Algunas de ellas, por ejemplo - El Centro Comercial de Rocha y la Liga de Fomento y Turismo de La Paloma -ya están evaluando organizar reuniones con especialistas para ilustrar los peligros y consecuencias que esta actividad puede traer a la zona. Otras están convocando a encuentros para planificar acciones.
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Anuncios que generan expectativas que luego se frustran o se guardan en un cajón y jerarcas que no dudan en aferrarse a proyectos nocivos que alientan dudosos beneficios para la zona, sin contar con los perjuicios y los efectos negativos  directos cuyos daños, en algunos casos, podrían ser irreparables, completan un cóctel más que preocupante.
Sería bueno saber por qué el gobierno de Rocha necesita agitar cada tanto este tipo de proyectos. Sería positivo que quede claro quién se hará responsable o pagará las consecuencias de estas decisiones y qué pasará con las familias que viven de la pesca artesanal y las que viven del turismo y sus actividades relacionadas… ¿Alguien puede creer que los pesqueros chinos se llevarán las especies especificadas cuando los especialistas señalan que las redes que usan los chinos capturan todo lo que hay en el mar?
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Consultamos a Graciela Fabiano, Directora de la base de DINARA en La Paloma. “Nosotros somos un laboratorio descentralizado de la DINARA, los acuerdos en ese tema se hacen a otro nivel.” – nos explicó, aunque señaló que, si bien la anchoíta “es un recurso muy abundante, hubo una larga historia de antecedentes de explotación en distintas épocas en La Paloma y no había habido recientemente interesados en la explotación. Hoy la anchoíta no la explota ningún uruguayo.” En este sentido, Fabiano dijo que en la experiencia anterior de pesca de anchoíta en La Paloma “había capitales chilenos, y la planta tenía distintos problemas de funcionamiento que hacían que La Paloma oliera mal, y que un grupo importantísimo de vecinos reclamara por mejor calidad ambiental del sitio donde vivían. Se hacía harina de pescado.”
Sobre el método de pesca, Fabiano afirmó que “básicamente se usaba una pesquería de cerco y se sigue usando. En función de cómo se haga puede ser más o menos perjudicial.” – afirmó.


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El coordinador de la Organización para la Conservación de Cetáceos, Rodrigo García, dijo al ser consultado por La Paloma Hoy que este año vieron la lamentable decisión de que se otorguen permisos para merluza negra para La Paloma y que formaron una Organización que si bien no es un movimiento ambientalista, ya que tampoco se quieren oponer a todo, tienen la idea de proponer lo que consideran lo mejor: un modelo pesquero responsable. En este sentido, García dijo que “la preocupación de la Organización Océanos Sanos – que se creó en noviembre a partir de la preocupación de la firma del tratado de libre comercio con China - es la falta de participación, como siempre, en proyectos en donde las comunidades y los interesados son consultados tardíamente. Me refiero a participación de todos – dijo García - porque aquí hubo participación sólo de algunos en todo esto y que son los interesados. Hay una enorme falta de información en lo que respecta a los permisos de merluza negra, concretamente de qué se trata. Hay una total falta de información de los buques frigoríficos que ya están siendo construidos para venir aquí.” Rodrigo García dijo además que “la mayor preocupación es el modelo pesquero que tiene china, que ha destrozado el Océano Índico, que hoy tienen veda y un modelo de pesca responsable en su país, pero siguen dilapidando los mares donde quedan recursos.”
García nos contó que eso fue lo que le esbozaron al intendente de Rocha el lunes pasado. “Planteamos que acá no son suficientes los permisos de DINARA, acá hay que plantear condiciones mucho más estrictas de control, fiscalización, cuotas de captura, de rastreo satelital de las embarcaciones…”



 http://www.montevideo.com.uy/contenido/Advierten-que-buques-chinos-en-Rocha-podrian-hacer-desaparecer-especies-343252


Pero García fue más allá y coincide con los analistas más experimentados y hasta con los funcionarios y responsables que declaran fuera de micrófono: “Nosotros sospechamos que esto es un Caballo de Troya. Aparenta lo que sucede hoy con la pesca ilegal no reportada y no declarada en aguas internacionales, que lo que hacen es pasarla a buques que descargan en el puerto de Montevideo. Los piratas buscan puertos para lavar esa mercancía. Y está confirmado con documentos que por Montevideo está pasando esta pesca ilegal que es mayoritariamente de barcos chinos con bandera de conveniencia uruguaya para poder entrar en nuestras aguas y descargar en puerto.”
Al finalizar, García indicó que “La gravedad implica una amenaza para todo el ecosistema marino, porque comienzan con la merluza negra, siguen con la anchoíta y van a seguir con otros permisos… Es la apertura a una cadena muy difícil de erradicar después. Nos preocupa que no haya un trabajo participativo de organizaciones internacionales, regionales, etc. Esto no es xenofobia, se trata de un modelo pesquero que arrasa los mares del mundo. Estamos hablando de algo muy grave y que nuestro presidente quiere negociar. No se trata de negar la inversión, sino de ver qué tipo de inversión vamos a abrir…” – concluyó.
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Antes de finalizar y a modo de cierre a esta primera nota sobre este alarmante proyecto, citamos un informe realizado por Hugo Luján Amaral (quien ocupa actualmente un cargo en la Intendencia de Rocha) publicada en el año 2004 bajo el título Pescadores denuncian irregularidades con la flota china en el puerto de La Paloma. En dicha nota, los vecinos de La Paloma denunciaban que pesqueros chinos pescaban en aguas prohibidas “utilizando redes y equipos prohibidos, comercializando especies prohibidas”. En el artículo, (que puede leerse haciendo clic aquí), el entonces corresponsal en Rocha, escribía, entre otras cosas. “Indican que en ocasión de la llegada de los primeros “barcos chinos” se transmitió esta misma preocupación a la Dinara sobre el otorgamiento de permiso de pesca, y “ésta informó que la decisión favorable al mismo le era impuesta por presión política al más alto nivel y que todo se justificaba pues los armadores chinos vincularían el otorgamiento de permisos a grandes contratos de compra de corvina congelada de la industria uruguaya,…”. Más adelante, la nota describe las irregularidades habituales relacionadas con la actividad de los pesqueros chinos: “Por otra parte, agregan en sus expresiones que a estos barcos también se les permite el uso de redes con un tamaño de malla prohibido para cualquier barco “uruguayo”. “La operación de estos buques en áreas costeras no habilitadas es tan evidente que con frecuencia cada vez mayor irrumpen en áreas exclusivas de las barcas de pesca artesanal, arrastrando con sus redes y materiales de pesca, perjudicando la sobrevivencia de los pescadores artesanales por la sobreexplotación de los cardúmenes y la destrucción de sus medios de subsistencia”.
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Parece que la historia si no se repite, por lo menos se copia a sí misma… Sin embargo, un dato alentador es que las bases sociales de La Paloma se están organizando para plantear su posición de resistencia firme a un proyecto que genera alarma y preocupación.





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Desiguales ante la ley

El 8 de mayo de 1974 fue detenido el primer secretario del Partido Comunista en la clandestinidad, Rodney Arismendi.



por Samuel Blixen
28 Abril, 2017


Groseras diferencias entre reproducciones de documentos publicados y sus correspondientes originales, y criterios disímiles en la elección de información sobre diferentes organizaciones políticas cuestionan la rigurosidad histórica de la monumental obra publicada por Presidencia que compila el proceso represivo de la dictadura y sus crímenes de lesa humanidad.


“El 8 de mayo de 1974 fue detenido el primer secretario del Partido Comunista en la clandestinidad, Rodney Arismendi. Según las Fuerzas Conjuntas, el procedimiento que dio con Arismendi se inició fortuitamente en los primeros días del mes de mayo, a partir de un contacto callejero fallido entre comunistas que se iba a realizar en la zona de Pocitos Nuevo, a pocas cuadras de donde se encontraba escondido en la casa de un médico veterinario. Atando pistas, la Dnii pudo finalmente llegar hasta la casa y detenerlo a pesar de la identidad falsa que portaba”.

Tal es la síntesis que, sobre la captura de Arismendi, aparece en “Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos y asesinados políticos” (1ra. Sección, Operativos represivos y cronologías documentadas, Partido Comunista), en la versión digital del portal de la Presidencia de la República. En la sección “Cronología documental” de la obra dirigida por el profesor Álvaro Rico se reproduce un documento de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii) que da pie a aquella síntesis.
Las comparaciones entre la síntesis y la versión documental, y principalmente entre el documento publicado y el documento original del archivo policial en poder de Brecha arrojan notorias diferencias que dificultan y tergiversan la lectura de un hecho histórico.
Por cierto que, en última instancia y en determinada perspectiva, resulta irrelevante un simple detalle –o un rosario de detalles, en este caso– si lo que se pretende es tomar conocimiento de lo que significó la captura de Arismendi para el Partido Comunista (Pcu) en clandestinidad, y la captura del archivo de afiliados para los golpes represivos que sobrevinieron unos meses después, cuando fue procesada la información. Pero desde otro ángulo, la comparación entre los documentos publicados y el original permite identificar los criterios utilizados en el tratamiento de textos hasta ese momento desconocidos, y procedentes de fuentes hasta entonces inaccesibles.
Puesto que, como dice la historiadora Vania Markarian, el acceso a esa documentación sigue siendo “fragmentaria” por “los sucesivos fracasos de los reclamos de apertura integral y transparencia real respecto de la documentación de lo que seguimos llamando pasado reciente”,1 la responsabilidad de la divulgación es mayor. Los materiales surgidos de archivos de la represión, aun para el caso de que hayan sido manipulados o sigan “bajo una custodia de sus productores” (como apunta Markarian) tienen la cualidad de “documentos primarios”, “son indiscretos incorregibles, que a la primera provocación dicen la verdad”. La cirujana mexicana Ana Cecilia Rodríguez de Romo, doctorada en historia de la ciencia y ex presidenta de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía, tiene la convicción de que “el uso de materiales primarios, trabajados en el marco de la reflexión fina, nos permite desechar o probar hipótesis, e incluso por qué no decirlo, de hacer descubrimientos, es decir, aportar algo nuevo al conocimiento o comprensión de nuestro campo específico de interés en la historia”.2


INCONGRUENCIAS. Desde esta óptica, las incongruencias de las distintas versiones sobre la captura de Arismendi provocan alarma. Hay errores e inconsistencias, y algunas de ellas no son fortuitas, como no fue fortuita la captura del secretario general del Pcu. El resumen citado al inicio sugiere que la detención ocurrió “fortuitamente” a partir de “un contacto callejero fallido a pocas cuadras de donde se encontraba escondido en la casa de un médico veterinario”. Lo único fortuito, que dio pie a la serie de interrogatorios y allanamientos, fue la detención de una persona cerca de la planta emisora de Radio Ariel, en una actitud que le pareció sospechosa al equipo 210 de la Guardia Metropolitana.
Eso ocurría el 1 de mayo de 1974. Para el día 8 se habían realizado más de una docena de allanamientos y detenciones en cadena, producto de los interrogatorios, que el resumen citado al inicio atribuye a la capacidad de “atar pistas” de la Dnii. Uno de los detenidos tenía en su poder un papel con las indicaciones para un contacto. El veterinario, que aguardaba en un vehículo, intentó evitar el desastre, dio un domicilio falso, pero finalmente detuvieron a su esposa y cuando allanaron su casa encontraron a Arismendi.
Episodios como éste, se repitieron hasta el infinito durante la dictadura y, salvo por su costado anecdótico –que adquiere relevancia tanto en Arismendi como en Sendic o en el Che, por la importancia de las personalidades– no llamarían la atención ni provocarían juicios salvo que hubiera una intencionalidad de ocultamiento.
El documento “Dirección Nacional de Información e Inteligencia Departamento nº 6 Oficio nº 625, julio 30 de 1974”, está reproducido en el capítulo sobre Cronología Documental, pero esa versión difiere sustancialmente del original, por la vía de supresiones y censuras atribuibles a distintos criterios y objetivos. El director de la publicación utilizó el mecanismo de los puntos suspensivos entre corchetes para indicar la ausencia de texto. Historiadores consultados por Brecha señalaron que cuando un documento es publicado por primera vez es norma transcribirlo textualmente en su totalidad y que es práctica (aunque no en documentos primarios) suprimir aquellos pasajes laterales y que no tienen relación con el tema central, advirtiendo al lector sobre la supresión.
En este caso hay que preguntarse qué entendió el investigador por secundario o irrelevante. En algunos casos los corchetes sustraen direcciones de domicilios, y en otros eliminan los nombres completos, aunque a veces se sustituye el texto original por las iniciales. Sin embargo, hay otras eliminaciones sustantivas, cuya fundamentación no fue explicada en la introducción de la obra, salvo una referencia al compromiso de confidencialidad firmado por los miembros del equipo de investigadores “debido a las características especiales del material documental, particularmente sensibles por su contenido”. Quizás en esa categoría se justifique la eliminación de casi dos hojas, de un total de 18, que refieren a la síntesis de los interrogatorios de siete detenidos, y que constituyen la trama de las actuaciones policiales que desembocan en la captura de Arismendi. Las dos carillas fueron sustituidas por el texto “A esta altura de los hechos, se procede a interrogar (…)”, lo que dificulta el entendimiento de la sucesión de acontecimientos y devalúa el valor intrínseco, histórico, del texto.
De la misma forma es difícil explicar por qué, al transcribir el allanamiento en la casa del primer detenido, de iniciales B P, se consigna que se encontró “un organigrama de un movimiento clandestino en el que se mencionan contactos, buzones, enlaces, cuartel general”, pero se omite que el documento era “de puño y letra del detenido”; y por qué al transcribir que “se encontraron fotografías diversas de la Urss”, se elimina la afirmación “en una de las cuales aparece él”. Esas fotos y otros documentos orientan la investigación a la identificación de militantes comunistas que efectuaron cursos de entrenamiento militar en Cuba y en la Urss. La eliminación de esas referencias, como la del relato de los interrogatorios, sugieren decisiones subjetivas de corte político que van más allá de las restricciones –por otra parte muy cuestionables– de algunas normas que contradicen el derecho al acceso irrestricto a la documentación pública referida a los derechos humanos durante la dictadura.
Dicho de otra forma: los corchetes con puntos suspensivos fueron utilizados a mansalva para ejercer una censura, a veces caprichosa, a veces inexplicable y a veces muy flechada. No corresponde, por lo menos ahora, hacer referencia a los criterios éticos de la investigación histórica. Pero es necesario señalar ciertas “incongruencias”.
La principal de ellas tiene que ver con las diferentes aplicaciones de criterios, para difundir u omitir determinados detalles, si se trataba del Pcu o de otras organizaciones reprimidas por la dictadura. Puede aceptarse la supresión de nombres (aunque ello, en ciertas circunstancias pueda estimular el chantaje por parte de quienes produjeron esos documentos y los mantienen en su poder), sin embargo, el criterio no es unánime y a veces se identifica a quien permaneció en libertad, en tanto que se omite el nombre de quien fue procesado.
¿Cuál fue el criterio? La eliminación de referencias personales y la eliminación de documentos sobre interrogatorios es un criterio general en los capítulos referidos al Pcu, no así en aquellos que dan cuenta de las actividades del Mln y de los Gau, para citar sólo dos casos. Es particularmente evidente en la Cronología Documental de los Gau, donde se reproducen las declaraciones bajo tortura de militantes detenidos en Buenos Aires y después desaparecidos definitivamente. Las transcripciones revelan mezquindad: se reproducen detalles que no aportan al conocimiento del funcionamiento de esa organización y de la represión contra ella. También hay contradicciones en el tratamiento de un mismo documento: en una parte se elimina un nombre, en otro se reproduce su alias y finalmente se consigna la identidad completa, y por cierto que se mantienen referencias “secundarias” eliminadas en otros textos.
EJEMPLOS. Algunos documentos ilustran sobre los criterios asimétricos. “28.06.1977. Argentina. P.P. D-III. Asunto: Operativo Contrasubversivo Gau (Ampliación)”, referido a la detención de José Enrique Michelena Bastarrica, desaparecido, se cita en la investigación de esta manera: “Los Grupos de Acción Unificadora, tienen origen en la República Oriental del Uruguay, como consecuencia del agrupamiento de: a) “Cuadros” del “Mapu” (Movimiento de Acción Popular), que lideraba Ricardo Vilaró, (…) y Martín Ponce de León. b) “integrantes” de una llamada “Corriente de acción sindical”, representada por Héctor Rodríguez (textil). c) “elementos” de un sector independiente, que provenía del diario “Época”, entre los que se encontraba (…). Los Gau se ponen en funcionamiento en el año 1969”.
Otro: “Documentos del año 1977, [sin identificar mes y/o día] Declaraciones obtenidas en interrogatorios bajo tortura del militante del Gau, Alberto Corchs Laviña, presumiblemente en Buenos Aires (detenido de­saparecido), que incluye detalles tales como: “El archivo de la organización estuvo desde un principio en la casa de Michelena, alias ‘Mario’, por la facilidad de hacer un ‘berre’, después que Mario fue detenido, Mariano y yo vamos a retirar el archivo y lo trasladamos a la casa del Bigote (Goicoechea), para después subdividirlo y ponerlo fraccionado en otros locales. (…). Dossetti, alias ‘José’ aparece en Buenos Aires a buscar trabajo (no tenía problemas políticos), por el año 74, allá militaba en Ciencias Económicas…”.
En otro capítulo, los tupamaros no parecen merecedores del beneficio de la “sensibilidad”. Transcripción de interrogatorios y análisis y juicios de los aparatos de inteligencia (a partir de información obtenida bajo tortura) reproducen el relato de operativos sin ninguna cortapisa, incluyendo los nombres completos de familiares presentes durante los allanamientos. Particularmente la reproducción de informes de la inteligencia militar refiere a exiliados que nunca fueron detenidos y que son calificados por la información obtenida de prisioneros torturados. A modo de ejemplo: “Dirección nacional de información e inteligencia departamento nº 4 memorándum Nro. 47 Ref.: -Se informa y se adjunta documento enviado por la P N N. Adjunto al presente, el documento que fuera incautado por la Prefectura Nacional Naval, al sedicioso Ari Quiroga Alé, detenido en el departamento de Paysandú. En dicho documento se menciona a varios integrantes del Mln por sus seudónimos, pudiéndose establecer merced a diversos documentos la identidad de la mayoría de ellos y que son los que se mencionan: 1. Marcelo – Lucas Mansilla; 2. Bruno – Andrés Félix Cultelli Chiribao; 3. Bernardo – L T; 4. Pedro – Antonio Bandera Lima; 5. Raúl – Aníbal de Lucía Grajales; 6. Julián – J D M; 7. Pancho – R M G P; 8. Nelson – No identificado; 9. Luis.- No identificado”.
En el sitio de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, donde está disponible la investigación, también puede consultarse el siguiente documento: “Comando general del ejército – Eme parte Periódico de Información nº 5/974 reservado actividades subversivas 05 may- En horas de la mañana es allanado un local ubicado en rambla República de México Nº 5515. Dicho local pertenecía a la Comisión Política y había sido adquirida por la Organización en 40 millones de pesos.- El allanamiento resulta negativo, sabiéndose que sirvió de alojamiento a los sediciosos Alemañy Viñas alias: Trinity y Giaconi Antonio Ravagnolo alias: Joaquín y sus respectivas compañeras e hijos”.
Es un hecho incontrastable que todas las organizaciones políticas objeto de la represión de la dictadura tienen, entre sus militantes presos, a héroes, a prisioneros que flaquearon en la tortura, a delatores y a colaboradores, todo el abanico de la conducta humana sometida a extremos inhumanos y atroces. Las inconsistencias y la multiplicidad de criterios en el tratamiento de documentación compilada en “Investigación histórica de detenidos desaparecidos” parecerían obedecer a pueriles intentos de ocultamiento alimentados por sectarismos de otras épocas.
  1. “Mal de archivos”, La Diaria, 25 de abril de 2017.
  2. Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina, Unam, s/f

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Algunos de los documentos publicados en el portal de Presidencia en el marco de esa investigación tienen específicas referencias de ubicación para consulta en las respectivas notas al pie. Tales documentos deberían estar en el archivo de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República. Pero fue imposible ubicarlos; miembros del equipo de historiadores explicaron a Brecha que algunos de ellos fueron leídos y estudiados, en su momento, bajo restricciones de acceso y que fueron, o bien copiados a mano o bien fotografiados. Ocurre, sin embargo, que las indicaciones al pie de página de la investigación histórica no corresponden con ninguno de los criterios (número de cajas, número de carpetas) con que se registran en el archivo policial.