miércoles, 16 de mayo de 2007

Los trajeron a todos por aire, mar y tierra

Fuente pagina 2 LA REPUBLICA

Hace 29 años traían desde Argentina a un grupo de militantes del GAU que continúa desaparecido


Entre febrero y agosto de 1978 se realizaron cinco o seis traslados ilegales dentro de la coordinación represiva con la dictadura Argentina. Hubo viajes en lancha, en avión y en avioneta. Los detenidos habían sido secuestrados en Buenos Aires y torturados en los pozos de Quilmes y Banfield. Los trajeron en grupos y los habrían ejecutado en forma masiva. Estarían enterrados en lugares identificados. La investigación del abogado López Goldaracena se presentará hoy a la Justicia. Pide reapertura de excavaciones e implica a decenas de militares, desde el capitán de navío Jorge Tróccoli, al Goyo Alvarez.

ROGER RODRIGUEZ - rogerrodriguez@adinet.com.uy

Vista aérea de La Tablada, donde se señalan lugares de enterramientos.
Vista aérea de La Tablada, donde se señalan lugares de enterramientos.

Las lanchas de Prefectura, conocidas como PS, fueron construidas en Montevideo en 1957. En ellas se habría traído a los PCR en febrero de 1978.
Las lanchas de Prefectura, conocidas como PS, fueron construidas en Montevideo en 1957. En ellas se habría traído a los PCR en febrero de 1978.
Un avión del transporte aéreo militar de la Fuerza Aérea, que como en el "segundo vuelo", habría sido utilizado para traslados en 1978.
Un avión del transporte aéreo militar de la Fuerza Aérea, que como en el "segundo vuelo", habría sido utilizado para traslados en 1978.
El "Goyo" Alvarez vuelve a estar implicado. Era el comandante del Ejército durante los cinco traslados.
El "Goyo" Alvarez vuelve a estar implicado. Era el comandante del Ejército durante los cinco traslados.

Hace exactamente 29 años, el 15 o 16 de mayo de 1978, otra veintena de uruguayos secuestrados en Argentina entre julio y diciembre de 1977 habría sido traida a Montevideo en el marco de cuatro o cinco traslados ilegales que implicarían a 40 víctimas, que fueron ejecutadas y enterradas en Uruguay.

Una denuncia penal para que la Justicia uruguaya investigue esos traslados y excave en lugares específicos donde se presume que pudieron ser enterrados esos desaparecidos, será presenta hoy por el abogado Oscar López Goldaracena con la firma de trece familiares directos de las víctimas.

Los trasladados pertenecían al Partido Comunista Revolucionario (PCR), los Grupos de Acción Unificadora (GAU), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), las Agrupaciones de Militantes Sociales (AMS), la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST).

Aunque la mayoría de las víctimas mantenía contactos políticos a partir de la llamada Unión Artiguista de Liberación (UAL), otros no tenían ningún tipo de filiación y, en el marco de los operativos coordinados con la dictadura Argentina, tres niños nacidos en cautiverio fueron robados por los represores.

La causa compromete a los mandos militares de la dictadura y, en particular, a oficiales de la Armada Nacional que entonces encabezaron la represión contra el GAU. También se implica al Servicio de Información y Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

Por cielo, mar y tierra

La investigación de López Goldaracena recoge y amplía múltiples testimonios de familiares y testigos que lograron sobrevivir en Argentina a los centros de torturas conocidos como los pozos de Quilmes y Banfield y al Centro de Operaciones Tácticas (COT-1) Martínez, donde fueron vistos los uruguayos.

El trabajo de indagación fue coordinado con LA REPUBLICA, que pudo entrevistar a fuentes militares en actividad y en retiro, a la vez de acceder extraoficialmente a importante documentación secreta que hoy maneja un grupo de técnicos que elabora un libro para el Poder Ejecutivo.

Este tercer traslado masivo de uruguayos evidencia una continuidad en la metodología represiva de la dictadura, confirmada con el llamado "segundo vuelo" en 1976, y que tenía antecedentes en el traslado de personas en forma individual o grupal como en el caso de los "fusilados de Soca" en 1974.

Los trasladados de 1978 se concretaron por cielo, mar y tierra. Existen indicios de que algunos de los uruguayos fueron traídos en lanchas de la Prefectura uruguaya; en otros casos habrían venido en un avión o avioneta de la Fuerza Aérea y finalmente conducidos a centros de tortura por el Ejército.

También se han obtenido testimonios de subalternos militares sobre enterramientos en el centro de torturas La Tablada, que ya denunciara el periodista Samuel Blixen, de "Brecha", y en nuevos sitios que incluyen unidades militares cercanas al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

El secuestro de los GAU

Los operativos se iniciaron el 14 de julio de 1977 cuando los militantes del GAU José Enrique Michelena Bastarrica y su esposa Graciela Susana De Gouvenia Gallo fueron secuestrados en Buenos Aires. Ese mismo día también desapareció el religioso uruguayo Kleber Da Silva (padre Mauricio).

El 16 de noviembre de 1977 se produce en Colonia la captura del montonero argentino Oscar de Gregorio, a quien relacionan con los GAU, y desde entonces se concreta una coordinación entre la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) argentina y los Fusileros Navales (Fusna) de Uruguay.

El 21 de diciembre de aquel año en Buenos Aires son secuestrados en forma paralela los matrimonios Alberto Corchs Laviña y Elena Paulina Lerena Costa, Eduardo Sabino Dossetti Techera e Iliana Sara García Ramos, al igual que Alfredo Fernando Bosco Muñoz.

Un día más tarde detienen a Julio César D'Elía Pallares y su esposa embarazada, Yolanda Iris Casco Gelphi, mientras que en acciones represivas simultáneas son capturados Raúl Edgardo Bonelli Cattáneo y Guillermo Manuel Sobrino Berardi.

El 23 de diciembre los operativos implican a Gustavo Alejandro Goicochea Camacho y su esposa, Graciela Noemí Basualdo Noguera; José Mario Martínez Suárez y su mujer, María Antonia Castro Huerga, y contra Aída Celia Sanz Fernández, embarazada, y su madre, Elsa Haydeé Fernández Lanzani.

También MLN, PCR y ROE

En los días sucesivos se producen nuevos operativos contra uruguayos. El 24 de diciembre en un tiroteo habría fallecido el dirigente de los "Peludos" tupamaros Atalivas Castillo Lima. En su casa serían tiroteados Miguel Angel Río Casas y Eduardo Gallo Castro, esposo de Aída Sanz.

Gallo y Ríos habrían sido detenidos días después entre el 27 y el 30 de diciembre, en la casa del militante del PCR Carlos Federico Cabezudo Pérez, donde también habrían secuestrado a Juvelino Andrés Carneiro Da Fontoura y su esposa, Carolina Barrientos Sagastibelza, de nacionalidad argentina.

El 27 de diciembre también son capturados Gustavo Raúl Arce Viera y Raúl Gámbaro Núñez, ambos del GAU. El día 30 también secuestran a Alfredo Moyano Santander y su esposa ­también embarazada­ María Asunción Artigas Nilo. Ambos habían tenido vínculos con la ROE.

Finalmente, el 3 de enero de 1978, cuando salía de su trabajo en la Agencia Telam, fue detenida Célica Elida Gómez Rosano, vinculada al PCR, del que era militante su hermano Néstor, radicado en Europa, quien le enviaba correspondencia a través de Cabezudo.

La mayoría de los uruguayos secuestrados en diciembre fue luego vista en los centros clandestinos Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield y COT-1 Martínez. Los testimonios indican que todos fueron torturados e interrogados por oficiales militares uruguayos que participaron de sus capturas.

Primer traslado: en lancha

El 14 de diciembre de 2006 LA REPUBLICA denunció la existencia de un traslado masivo de uruguayos, probablemente por lancha, entre el 5 y el 12 de febrero de 1978, en pleno Carnaval, de acuerdo al testimonio obrenido en una entrevista con Angel Gallero, un militante del PCR que sobrevivió.

Gallero, quien estuvo desaparecido entre el 28 de enero y el 26 de febrero de 1978, fue detenido en Montevideo en el comercio del dirigente del PCR Ricardo Blanco. Ambos fueron torturados en el centro clandestino La Casona de Millán, antes de que Gallero fuera trasladado a La Tablada. Blanco continúa desaparecido.

En La Tablada, Gallero testificó haber visto cómo torturaban a su compañero Carlos Cabezudo. Relata cómo al llamarlo a un interrogatorio lo confundieron con Eduardo Gallo; afirma haber escuchado los vejámenes contra Célica Gómez y haber escuchado hablar de la "bióloga" (Carolina Barrientos).

El relato de Gallero se ve confirmado por los testimonios de un matrimonio de sobrevivientes del Pozo de Banfield, Adriana Chamorro y Eduardo Corro, quienes señalan que un grupo de cinco o seis uruguayos había sido trasladado por lancha antes de que ellos llegaran al lugar en marzo de 1978.

Tampoco se descarta que en aquel embarque (posiblemente una lancha PS de Prefectura) pudieran haber sidos trasladados también Miguel Angel Ríos Casas y/o el militante del GAU Julio D'Elía, visto por última vez en el Pozo de Quilmes en febrero de aquel año por el sobreviviente Luis Guillermo Taub.

Segundo traslado: ¿Avión?

La propia Adriana Chamorro, quien vendría a testificar a Uruguay, sitúa entre los días 15 y 16 de mayo de 1978 un segundo traslado masivo de uruguayos. Ese día ella fue llevada al Pozo de Quilmes, donde se torturaba, y al regresar a Banfield había desaparecido la mayoría de los uruguayos.

A partir de esa noche dejaron de ver en Banfield a Alfredo Moyano, Yolanda Casco (quien había dado a luz un niño), Alfredo Bosco, Guillermo Sobrino, Gustavo Goycoechea, Raúl Borelli, Edmundo Dossetti, Alberto Corchs, Elena Lerena, Andrés Fontoura, Elsa Fernández, Gustavo Arce y María Castro.

A ese grupo podría, eventualmente, sumarse el caso de otros secuestrados en ese período, como José Michelena y su esposa Graciela De Gouveia, Raúl Gámbaro, además de Atalivas Castillo, Miguel Angel Río Casas o el propio Julio D'Elía, quienes no fueron vistos por Chamorro en el centro de torturas.

La cifra de posibles trasladados permitiría la hipótesis de un nuevo vuelo masivo en avión, similar a los realizados en julio y octubre de 1976 por Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU), en los que fueron traídos a Montevideo los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

Ninguna hipótesis se descarta en la denuncia judicial que se presentará hoy, en la cual se destaca la metodología de traslados aéreos aplicada por la dictadura y reconocida en el informe sobre desaparecidos firmado por el comandante en jefe brigadier general Enrique Bonelli.

Tercer traslado: los Severo

La existencia de un "tercer vuelo" fue manejada el 21 de agosto de 2005 en una nota de Gabriel Pereyra, de "El Observador", en la cual afirmó que fuentes militares indicaron la existencia de un traslado a mediados de 1978 en el que trajeron a Ary Héctor Severo Barreto y Jorge Hugo Martínez Herminoguez.

Seis miembros de la familia Severo habían sido secuestrados en Buenos Aires en abril de 1978: Marta Beatriz Severo Barreto, su esposo Jorge Martínez Herminoguez y su hermano Carlos Baldomero Severo Barreto el 20. Ary Héctor Severo Barreto y su mujer Beatriz Alicia Anglet de León, el día 24.

Ary Severo había sido sindicalista en AEBU. Martínez Horminoguez y Beatriz Anglet, habían sido militantes del Movimiento de Liberación Nacional, pero en Argentina actuaban dentro del Partido Socialista de los Trabajadores (PST).

Los informantes de Pereyra señalaban que en aquel "vuelo" habían viajado al menos seis uruguayos. Los Severo, tras su detención, habrían permanecido en el Pozo de Quilmes, donde fueron vistos por los sobrevivientes Alberto Illarzen, Rosa Alvarez y Nelson Mezquida.

En la denuncia no se descarta la posibilidad de que el grupo haya podido ser trasladado en un vuelo o en un lancha, incluso que pudiera haber sido parte del segundo traslado. Los datos concretos, confirmados por la Comisión para la Paz, establecen que dejaron de verlos entre el 18 y el 20 de mayo de 1978.

Cuarto traslado: ¿En avioneta?

En los testimonios de las víctimas se registra desde la utilización de un helicóptero de la Armada argentina para llevarse al montonero De Gregorio, al uso de una avioneta que describe el diputado peronista Jaime Dri, también secuestrado en Uruguay y llevado a Argentina el 18 de diciembre de 1977.

Una avioneta también habrían utilizado los uruguayos para llevar a Buenos Aires al matriomonio argentino integrado por Claudio Ernesto Logares Manfrini y su esposa Mónica Grispón Pavón de Logares, detenidos el 18 de mayo de 1978 en Montevideo, cuya pequeña hija sería recuperada en 1984.

La denuncia judicial no descarta que ese transporte aéreo fuera el mismo utilizado para llevar desde Argentina a Montevideo a la familia Severo, cuya fecha de desaparición coincide con el día de secuestro y traslado de la familia Logares, en lo que implicaría, prácticamente, el uso de un "taxi aéreo".

El testimonio de Chamorro indica que los Logares fueron al pozo de Banfield, donde dejaron de verlos a fines de junio, cuando los trasladaron junto a la esposa de Goicoechea, la argentina Graciela Neomí Basualdo, y la uruguaya Iliana Ramos de Dossetti. Los cuatro podrían haber vuelto a Uruguay.

La argentina Evangelina Quiroga, al relatar su secuestro en Uruguay junto a sus hijas, también hace referencia a un viaje aéreo clandestino en diciembre de 1977, y la uruguaya Elsa Antuna da cuenta de cómo fue detenida en Buenos Aires y traída, parada, en un pequeño avión el 1º de febrero de 1978.

Quinto traslado: Artigas Moyano

La existencia de traslados ilegales como metodología represiva de la dictadura está confirmada desde el secuestro del tupamaro Antonio Viana en 1974 o la odisea de Nino De Negri, quien sufrió un triple traslado en 1975, cuando lo trajeron, llevaron y volvieron a traer de Buenos Aires.

Una avioneta utilizaron los represores cuando "pasearon" en Uruguay a Julio Abreu, el único sobreviviente de los "fusilados de Soca", cuando cinco uruguayos secuestrados en Argentina fueron traídos en avión a Montevideo y ejecutados como "represalia" tras la muerte del coronel Ramón Trabal en 1974.

El relato que sobre los Pozos de Quilmes y Banfield detalla Adriana Chamorro, incluye como un último viaje de traslado de los uruguayos el de María Asunción Artigas de Moyano, quien permaneció en Argentina hasta que dio a luz una niña el 22 de agosto de 1978.

La eventual fecha de traslado de Artigas Moyano, según el informe de la Comisión para la Paz, sería el 12 de octubre de 1978. Su hija, María Victoria, sería recuperada finalmente de manos de una familia de represores en 1987 y entregada a su abuela en Montevideo.

También fueron recuperados Paula Logares y los hijos nacidos en cautiverio de Aída Sanz, María de las Mercedes Carmen Gallo, y de Yolanda Casco, Carlos D´Elía Casco, quien ahora se ha constituido en uno de los familiares que firman la denuncia que hoy se presenta ante la Justicia.

Buscar tumbas y culpables

El amplio escrito del abogado López Goldaracena señala posibles lugares de excavación y subraya la evidente participación de la Armada uruguaya en los operativos contra los GAU en 1978, según se desprende de los propios informes que sobre los desaparecidos realizó la fuerza naval.

En particular se señala la participación del hoy capitán de navío (r) Jorge Tróccoli, quien admitió su involucramiento en la coordinación con la ESMA argentina tras ser denunciado en una investigación de la revista "Posdata" en 1997, a la que respondió con su libro "La Ira del Leviatán".

Como indagados se señala al alférez de navío Juan Carlos Larceabeau, así como al contralmirante Enrique Harriet y los oficiales Nelson Olivera y Manuel Zapata, Nelson Sánchez, Jesús de Armas, Héctor Silvera, José Castro, Fernando González, Julio Cerdeiro, Arnol González, Daniel Machado, Eduardo Craigdallie, Daniel Maiorano, Aníbal del Río y el médico Pombo.

También se menciona una larga lista de integrantes del Servicio de Información y Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), entre los que se encuentran el grupo de oficiales y policías procesado con prisión por la desaparición de Adalberto Soba.

Finalmente se indica la responsabilidad de los mandos militares de la época, de los que sobreviven los aviadores Dante Paladini y Raúl Bendaham, y el general Gregorio "Goyo" Alvarez, quien desde el 1º de febrero de 1978 ocupaba el cargo de comandante en jefe del Ejército. *

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