Tabaré Vázquez ignoró la fuerte oposición del Frente Amplio a un decreto sobre la habilitación a privados de los servicios de tevé cable, Internet y telefonía que integran el Plan Cardales. El malestar generalizado incluye al presidente electo, que pretende incluir el tema de telecomunicaciones en las negociaciones sobre la transición.
El primer elemento de discordia entre el gobierno saliente y el entrante se instaló el lunes 30 de noviembre, cuando aún no habían transcurrido 24 horas del cierre de las urnas: en una reunión calificada como un "consejo de gobierno ficto", el presidente Vázquez anunció formalmente la puesta en vigencia de un decreto que instrumenta la aplicación del Plan Cardales y que había sido resistido por todas las fuerzas políticas del Frente Amplio (FA). El decreto concede la habilitación a empresas privadas para ofrecer los servicios de "triple play" (televisión por cable, Internet y telefonía fija), que según el espíritu del Plan Cardales (Convergencia para el Acceso a la Recreación y al Desarrollo de Alternativas Laborales y Emprendimientos Sustentables) está preferentemente destinado a los sectores más pobres de la población con el objetivo de universalizar el acceso a las telecomunicaciones.
Aunque la norma impulsada por Vázquez estipula condiciones para la adjudicación de contratos de habilitación, el secretariado ejecutivo del Frente, el PIT-CNT, el sindicato de trabajadores de ANTEL, diversas organizaciones sociales y organismos universitarios rechazan la iniciativa por considerar que lesiona el monopolio de la telefonía fija, traslada al sector privado la trasmisión de datos que hoy maneja ANTEL Data, fortalece a los canales privados de televisión y eventualmente abre las puertas a las grandes trasnacionales de las telecomunicaciones.
El presidente electo, José Mujica, compartió los temores del secretariado del PIT-CNT sobre los peligros de una trasnacionalización de las telecomunicaciones durante la charla que mantuvo con dirigentes de la central obrera, el miércoles 2, cuando planteó la necesidad de impulsar la reforma del Estado. El dirigente Marcelo Abdala confirmó a Brecha que durante la reunión la central expuso su rechazo al decreto impulsado por Vázquez, y que Mujica anunció su disposición a "armar un equipo para analizar todos los temas de las telecomunicaciones". El senador Eduardo Bonomi informó a Brecha, por su parte, que el MPP pretende que el tema del Plan Cardales sea incorporado como uno de los asuntos a negociar en el proceso de transición hacia el nuevo gobierno que se abre con la actual administración. En el MPP, según pudo sondear Brecha, la oposición al decreto fue sustentada por la senadora Lucía Topolansky y la diputada Ivonne Passada., quienes se inclinan por impulsar una ley de telecomunicaciones.
Otras fuente sindicaron que el presidente electo no ocultó su malestar por el contenido del decreto y la forma en que se tramitó. El PIT-CNT, según Abdala, intenta actuar con celeridad para evitar que la puesta en práctica del decreto genere situaciones de hecho. En ese sentido el dirigente sindical anunció que en las próximas horas será presentado ante la Presidencia un escrito solicitando a Vázquez que modifique dos artículos del decreto, aquellos que, por vías indirectas, podrían dejar en manos de las grandes trasnacionales el control de los contenidos de la televisión por cable, el servicio de banda ancha y competir con ANTEL en la telefonía básica mediante la modalidad IP (señal de voz por Internet).
UN DECRETO CUESTIONADO
La intención del presidente Vázquez al poner en vigencia el decreto no es inocente. La discusión de las orientaciones que prevalecerán en el Plan Cardales viene siendo motivo de controversia entre la Presidencia y el FA desde hace más de un año. En 2008, en ocasión de la discusión de la rendición de cuentas, la Presidencia objetó un artículo que prohibía el otorgamiento de nuevas licencias en telecomunicaciones. El argumento esgrimido por el Ejecutivo ponía el acento en que la prohibición impedía otorgar licencias para las radios comunitarias. La bancada de legisladores del Frente eliminó el artículo en el entendido de que se acordaba un compromiso de "no innovar".
Sin embargo, en octubre, antes de la primera vuelta de las elecciones nacionales, la Presidencia anunció su determinación de dictar un decreto sobre el Plan Cardales. El proyecto fue analizado por el secretariado del Frente; todos los grupos políticos, según se informó a Brecha, manifestaron su oposición a la iniciativa. La Presidencia acordó entonces suspender la promulgación del decreto hasta después de las elecciones, pero a mediados de noviembre reflotó la iniciativa. El fin de semana previo al balotaje del domingo 29, Vázquez requirió la firma del decreto a cuatro de sus ministros: Raúl Sendic (Industrias), Alvaro García (Economía), María Simón (Educación) y Marina Arismendi (Desarrollo Social).
Según fuentes del FA, Sendic, García y Simón firmaron aunque estaban en desacuerdo con los criterios de implementación del Plan Cardales; "hubo una fuerte presión del presidente ", indicaron las fuentes. Tanto en la dirección del Frente Amplio como en su bancada, los diputados Edgardo Ortuño, de la Vertiente Artiguista, Ivonne Passada, del MPP, y el senador Rafael Michelini, del Nuevo Espacio, formularon fuertes críticas al texto del decreto. Una delegación del secretariado ejecutivo del FA intentó discutir el punto con Vázquez, pero finalmente lo hizo con el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, y los ministros Sendic y Gonzalo Fernández, de Defensa. Fernández introdujo modificaciones al texto. Paralelamente, Toma y Sendic recibieron a una delegación del PIT-CNT y de SUTEL, que también explícito su oposición al decreto. Una vez más la Presidencia acordó suspender la puesta en vigencia de la norma hasta después del balotaje, pero el mismo lunes 30 dio andamiento a la medida, que ya estaba firmada por los ministros.
OPOSICIÓN UNIVERSAL
El decreto, que ya está en vigencia, habilita a empresas privadas a adherir al Plan Cardales mediante la presentación de proyectos específicos para cada ciudad que contemplen el acceso del quintil más pobre de cada población. Cada plan no podrá superar los tres años y en los dos primeros se deberá completar el 66 por ciento de lo proyectado. La habilitación tendrá carácter precario, revocable e intransferible. La transferencia, directa o indirecta, del dominio del paquete accionario a un tercero determinará la revocación inmediata de la habilitación. Sin embargo, a los efectos de prestar los servicios, las empresas habilitadas podrán operar una red propia o contratar con terceros.
Las principales objeciones se centran en que una empresa podrá prestar los servicios de banda ancha sin acordar con ANTEL Data; y que será difícil probar una transferencia del paquete accionario, en la medida en que testaferros o representantes pueden acordar con empresas trasnacionales. A los efectos del proyecto piloto del Cardales en Trinidad, Canal 10 llegó a un acuerdo con ANTEL Data; sin embargo Canal 4 y Canal 12 no llegaron a un acuerdo y se sospecha que pueden estar en negociaciones con Carlos Slim, el empresario mexicano de las telecomunicaciones que tras adquirir Telmex se alió con Microsoft para expandir diversos servicios de Internet, y que controla América Móvil, que en Uruguay está representada por Claro. Tanto Telmex-Claro como el grupo Clarín- realizan fuertes inversiones en Uruguay en el tendido de fibra óptica. Otra objeción apunta a los contenidos de los paquetes de tevé cable.
Las interrogantes sobre el grado de participación de empresas privadas en la prestación del triple play y el deterioro que podría sufrir ANTEL (inicialmente el Cardales fue concebido para ser operado a través de la telefónica estatal con participación de empresas nacionales) estimuló el rechazo a la norma que se puso en vigencia el lunes 30. Una lista primaria de quienes están en desacuerdo abarca a ministros, la mayoría de los grupos políticos del FA, el PIT-CNT, la Asociación de la Prensa Uruguaya, la Sociedad Uruguaya de Actores, la Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video del Uruguay, el Grupo Medios y Sociedad, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Uruguay y la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, y hasta la propia Unidad Reguladora en Servicios de Comunicaciones (URSEC).
El decreto deposita en el LATU la elaboración de los informes que garanticen la sustentabilidad de los aspectos técnicos y de cobertura social de los proyectos presentados por las empresas para la posterior decisión del Poder Ejecutivo. Al cierre de esta edición el sindicato de trabajadores de ANTEL discutía la oportunidad de presentar un recurso de revocación del decreto sobre el Cardales, y analizaba otras medidas a tomar, aunque se señalaba que el recurso no tiene efectos suspensivos.
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