7 mayo, 2012
El pasado miércoles 3 de mayo una delegación de Crysol se
entrevistó con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Daniel
Gutiérrez. El propósito de la reunión fue expresarle de manera directa
la opinión del colectivo con respecto a la conveniencia y necesidad de
que el poder judicial cuente con un protocolo para la comparecencia de
las víctimas testigos en los juicios por las graves violaciones a los
DDHH cometidas durante el período del terrorismo de Estado.
De acuerdo a lo dispuesto por la sentencia de la Corte
Interamericana de DDHH en el caso Gelman vs Uruguay de febrero de 2011 y
que luego refrendara el Parlamento mediante la Ley 18.831, no existen
en el país obstáculos legales que impidan que el poder judicial pueda
cumplir con sus cometidos constitucionales.
Durante el transcurso del año pasado se presentaron centenares de
denuncias por las atrocidades cometidas durante el proceso cívico
militar. Una parte muy importante de ellas corresponde a quienes
denuncian haber sido víctimas de torturas en diferentes épocas y en
distintas dependencias militares y policiales.
La tortura es abyecta e imprescriptible
La
tortura es una práctica abyecta y despreciable que cuando es llevada a
cabo en forma masiva, sistemática y generalizada por agentes y
funcionarios del Estado es considerada un crimen de Lesa Humanidad por
las normas internacionales y nacionales de DDHH. Por lo mismo es un
delito imprescriptible, jurídicamente no admite el perdón ni el indulto,
siendo inamnistiable.
La
Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas establece
que las víctimas que reclaman reparación y justicia deben ser tratadas
con respeto y dignidad para que no vuelvan a ser revictimizadas durante
las instancias judiciales y administrativas que correspondan para el
esclarecimiento de los hechos, para identificar a los culpables,
intelectuales y materiales, y, cuando corresponda sancionarlos.
La
aprobación de un protocolo para las víctimas testigos que regule, sin
limitar o restringir la independencia de los jueces y asegurando las
máximas garantías a todos los involucrados, es una medida razonable para
que los denunciantes no sean ni puedan sentirse revictimizados.
Las víctimas testigos merecen el mayor apoyo social
Las
personas que han tenido el compromiso democrático, el coraje y la
valentía de presentar denuncias judiciales por las torturas sufridas,
que incluyen abusos sexuales en muchos casos, merecen el apoyo de los
poderes del Estado, del sistema político y de la sociedad civil
organizada, de sus familiares, amigos y compañeros. La justicia es
reparadora pero también dolorosa. Las víctimas vuelven a revivir lo
ocurrido y sufrido. El protocolo debe ayudar, proteger, dignificar,
humanizar, evitar que sean hostilizadas o agredidas con procedimientos
burocráticos o preguntas inadecuadas que denotan falta de sensibilidad.
La
investigación, identificación y castigo de todas las graves violaciones
a los derechos humanos es el camino ineludible para afirmar las normas
legales, proteger las libertades y garantías ciudadanas, afirmar el
Estado de derecho, la institucionalidad democrática y evitar que ellas
vuelvan a ocurrir.
Recorrer
este camino hasta sus últimas consecuencias como lo indica la
Resolución 60/147 de la ONU, es el único que asegura el Nunca Más, el
desarrollo democrático sustentable, un auténtico país de primera, la
liberación nacional y potenciales horizontes socialistas.
Todo el apoyo, legal, afectivo, sicológico, a las víctimas testigos. De los poderes del Estado y del colectivo organizado.
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