La carta de "León"

Azucena Berruti encontró los archivos de la dictadura 

 Por Samuel Blixen

Lo que sigue es la historia de una carta que permitió indagar sobre el destino final de un detenido desaparecido. Revela hasta dónde es imperativo trabajar la documentación rescatada de los archivos de la represión con un criterio de apertura y colaboración, que sustituya al actual criterio de secretismo y apropiación de la información.

Facsimil de Inteligencia militar que ubica el alias de un militante del PCR pero no logra establecer su identidad.

En los días tensos de enero de 1976, cuando los contactos entre Juan María Bordaberry, Augusto Pinochet, Rafael Videla y Alfredo Stroessner cimentaban la estructura del Plan Cóndor, “León” escribía a máquina una extensa carta que, gracias al espesor casi etéreo de un “papel avión”, pudo ser encapsulada en una “pastilla” que un “correo” trasladó hasta Buenos Aires sin inconvenientes.
La carta iba dirigida “a los compañeros” del Partido Comunista Revolucionario (Pcr) exiliados en Argentina, con noticias internas de la organización y un análisis de la situación política. Estaba fechada el 16 de enero de 1976 y llegó al destinatario, Winston Mazzuchi, unos días después.
Mazzuchi y Nebio Melo Cuesta asistieron, en el anochecer del 8 de febrero, a una reunión de militantes y después se trasladaron al bar Tala, de estación Belgrano, en Capital Federal. Pasadas las 9 de la noche, un grupo de tareas de policías y militares los detuvo cuando abandonaban el bar; casi con seguridad, Mazzuchi llevaba en un portafolios la carta de “León”.
La carta permitió inaugurar una ficha en el archivo del Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (Ocoa), que resultó ser anémica en datos, puesto que lo único que constaba era el seudónimo de un militante del Pcr operando en Montevideo: “León” o “Leoncio”. La carta fue trasladada a Montevideo; sería incongruente que no hubieran trasladado también a los dos detenidos.
Testimonios de otros prisioneros que permanecieron en los primeros meses de 1976 secuestrados en la “casa de Punta Gorda” (un centro clandestino de interrogatorios y torturas conocido como “Infierno Chico”) atestiguan que entre los prisioneros había dos militantes del Pcr, pero no llegaron a saber sus nombres; la carta de “León” les adjudicaría identidad: Mazzuchi y Melo.
“León” nunca fue detenido, y en la ficha se incorporó la siguiente frase: “29,4,83 – No se procesó por desconocerse el nombre de la persona (K.)”. Mientras tanto, en 1979, la inteligencia militar consignaba la información (con una clasificación A-1, la más confiable) de que Nilo Patiño “es el número 11” en el organigrama de los militantes del Pcr, y el 11 correspondía a “León”. Pero, por razones que se desconocen (o porque aún no se tienen todos los documentos de los archivos), nunca se relacionó a Patiño con el autor de la carta.
Esa contradicción, o confusión, se mantuvo cuando el equipo de historiadores designados por el Poder Ejecutivo para clasificar los documentos militares y policiales incautados comenzó a estudiar los numerosos rollos de microfilmaciones que la ex ministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti localizó en un armario de la dependencia militar donde anteriormente funcionó el Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (la llamada “Cárcel de las Medidas de Seguridad” durante la presidencia de Jorge Pacheco Areco). Ese archivo referido a actividades del Ocoa, considerado secundario o parcial, y que durante un tiempo permaneció en la Presidencia bajo la mirada atenta del entonces secretario Gonzalo Fernández, contenía la carta de “León”, pero no se le atribuyó su verdadero valor porque no se cruzaron los datos entre los distintos documentos, como no lo hicieron antes los oficiales de inteligencia militar.
Casi por azar, una copia de esa carta llegó a manos de familiares de detenidos desaparecidos del Pcr; y una cuota mayor de azar permitió que, mientras se hacían comentarios sobre la carta, estuviera presente Nilo Patiño: “Yo soy León”, dijo, y así la carta se convirtió en un elemento sustantivo de la documentación que fundamentaría la denuncia judicial sobre la desaparición de Nebio Melo Cuesta y Winston Mazzuchi.
La carta fue ingresada en el Juzgado Penal de 1er Turno por los abogados de Luisa Cuesta, junto con otros elementos sobre el factible traslado de los dos militantes del Pcr a Montevideo en 1976 y su probable enterramiento, después de su asesinato, en los predios del Servicio de Materiales y Armamento, contiguo al Batallón 13 de Infantería. La copia aportada por los denunciantes debía ser autenticada, de modo que el juez Juan Carlos Fernández Lecchini solicitó el documento a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, que administra los archivos. El juzgado recibió unas tres mil fojas con documentos referidos al Pcr, donde se incluían unas 400 fichas, y la carta. Finalmente el juez ordenó una inspección del predio del Servicio de Materiales y Armamento, pero la instancia abortó debido a una supuesta orden de no innovar dictada por el magistrado que instruye la causa de la desaparición de María Claudia García de Gelman (véase Brecha, 19-IX-14).
DIFICULTADES. Es sabido que la mayoría de las instrucciones judiciales sobre delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura se apoyan inicialmente en los testimonios de las víctimas y sus familiares y en la dificultosa tarea de “armar el caso” con insumos vitales para el juez. Por carencias de infraestructura y de tiempo, difícilmente los jueces podrían realizar esa tarea por sí mismos. ¿Cómo hubiera podido ubicar el juez la carta de “León” sin tener conocimiento de su existencia y sin que ella apareciera en la documentación solicitada? Y aun así, difícilmente el juez hubiera podido conectar, en caso de tenerlos, los distintos elementos desperdigados (que conectan a “León” con Mazzuchi y Melo, con el “número 11” y con Nilo Patiño), perdiéndose lo que podrá llegar a ser un elemento probatorio del traslado clandestino de los dos exiliados del Pcr.
Esa misma dificultad, porque en el trabajo de ordenamiento de la documentación de origen policial y militar prima un tratamiento histórico de la información, tiene la misma Secretaría, a lo que debe sumarse el criterio restrictivo con que maneja la información y que impide la colaboración de organismos y militantes de derechos humanos. Más aun, la Secretaría establece un filtro de lo que puede conocerse y lo que no, que, a los efectos del conocimiento de la verdad, aumenta las dificultades derivadas del secreto que mantienen los responsables de las violaciones de los derechos humanos y la omisión manifiesta del Ministerio de Defensa en la ubicación de los archivos. Por ejemplo, por más que ha sido solicitado por la justicia, el ministerio no ha brindado las listas de oficiales y subalternos con destino en las unidades donde se interrogó, torturó y asesinó a detenidos. No se sabe, por ejemplo, quiénes estaban de guardia en el Batallón 14 de Infantería por las épocas en que fue enterrado el cuerpo de Julio Castro.
Cuando alguien que no sea el juez solicita algún documento administrado por la Secretaría de Derechos Humanos, o bien lo niega o bien lo censura, tachándolo parcialmente, en aplicación de las normas establecidas en la llamada ley de hábeas data. Sin embargo, la ley de acceso a la información establece que los organismos a los que se solicita la información “no podrán invocar ninguna reserva cuando la información se refiera a violaciones a los derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos”. La Secretaría nunca ha privilegiado esta norma por sobre las disposiciones del hábeas data.
De modo que hay una política de restricción del acceso a la información, que se suma a la manifiesta incapacidad de ubicar los archivos que guardan los secretos del terrorismo de Estado, de la misma forma que hasta ahora no ha habido una voluntad real de obtener, en el seno de las Fuerzas Armadas, la información sobre los enterramientos clandestinos. La lista de madres que mueren sin saber dónde están los restos de sus hijos se incrementa mientras los responsables disfrutan de una cómoda impunidad.
Quizás esta situación se revierta, aunque sea parcialmente, si el presidente José Mujica concreta el compromiso que asumió en una reunión que mantuvo con familiares de detenidos-desaparecidos. La reunión tuvo lugar en el despacho presidencial de la Torre Ejecutiva en el atardecer del martes 23 de setiembre. Según informó el vocero de la organización de madres y familiares, Ignacio Errandonea, se le planteó a Mujica la preocupación de que “el principal problema sigue siendo la falta de colaboración de los militares”. El presidente se comprometió a mantener la búsqueda de los restos hasta el final de su mandato y a intensificar la búsqueda de información.
Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos evaluó la reunión como positiva. Un compromiso similar pretenden obtener de los candidatos a presidente, para que la intensificación de la búsqueda, tanto de información como de los restos, se prolongue en la futura administración. Familiares ha solicitado entrevistas con Tabaré Vázquez y con Luis Lacalle. Este último aún no ha respondido a la solicitud, y Vázquez ha hecho saber que su agenda “está totalmente completa”.