martes, 30 de mayo de 2017

Una decisión desatinada

Otro traslado





La columna de Carlos Peláez en Rompkbzas 810

La Suprema Corte de Justicia resolvió “ascender” al juez penal de 10º turno de Maldonado, Marcelo Souto, quien desde la próxima semana pasará a desempeñarse como juez letrado suplente en Montevideo.
Se trata de una de las resoluciones más desatinadas del Poder Judicial en los últimos tiempos que afecta no sólo al doctor Souto sino el mismo prestigio de la Justicia.
Es cierto que entre sus potestades la SCJ puede disponer los lugares en que se desempeñarán los magistrados. Se supone que con resolución fundada para que no se considere un acto arbitrario. Pero es difícil explicar el movimiento sobre uno de los jueces más nuevos de Maldonado quién justo tenía en sus manos la mayor causa de corrupción descubierta en este departamento.
El 2 de abril, a solicitud del fiscal Rodrigo Morosoli, el juez Souto procesó con prisión al propietario de Cambio Nelson, Francisco Sanabria y a dos de sus jerarcas Nelson Calvete y Soledad Ubilla, además de decretar prisión domiciliaria para una contadora. Pero en la misma instancia solicitó una pericia sobre la gestión del contador Humberto Capote, ex presidente del Banco Central (BCU) y contador externo del referido Cambio, dejándolo en libertad sin perjuicio.


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En 1998 Capote (Foro Batllista –PC) fue quien en su condición de jerarca del BCU, autorizó al entonces senador Wilson Sanabria (también Forista) la apertura de Cambio Nelson. Cuando Wilson falleció en el 2015, el contador fue quién le aseguró a sus sucesores el funcionamiento según consta en las declaraciones judiciales. Como lo afirmó el fiscal Morosoli “con el concurso consciente y deliberado de Humberto Capote, Sanabria pudo desviar los dineros confiados por terceros, para destinarlos a otras actividades empresariales, en su provecho”. Lapidario. Capote fue el personaje que permitió el multimillonario fraude de Cambio Nelson, o sea, es la figura más importante en el esquema de corrupción instaurado por Wilson Sanabria y que terminó con su hijo en la cárcel.
Capote sigue libre y el juez que lo mantiene en tal situación fue ascendido. Todo se puede justificar, pero el mensaje no podía ser peor en un momento donde la exigencia de transparencia en los poderes del Estado es cada día mayor.


Oir a Carlos Pelaez



Francisco Sanabria Barrios fue procesado con prisión por librar cheques sin fondos, por apropiación indebida y por falsificación ideológica en reiteración real, en el caso Cambio Nelson. Nelson Calvete, gerente general de la empresa, fue procesado por un delito reiterado de apropiación indebida, mientras que la contadora Soledad Ubilla fue inculpada de un delito continuado de apropiación indebida en reiteración real con un delito de falsificación ideológica. Beatriz Silva, la otra contadora de Cambio Nelson, fue procesada sin prisión. La decisión del juez de Maldonado Marcelo Souto se conoció la noche del sábado. En un primer momento los implicados fueron recluidos en Montevideo, pero en la mañana de ayer se determinó el traslado de los tres a distintos centros del interior del país. Sanabria fue destinado a la cárcel de Campanero, en Lavalleja; Calvete a Piedra de los Indios, en el departamento de Colonia, y Soledad Ubilla será recluida en la cárcel de mujeres Conventos, en Cerro Largo.
Según el documento publicado por la Fiscalía, de la investigación surgió que “además de la operativa natural de una casa de cambio, esta recibía fondos de clientes, los que eran mantenidos en la institución para ser posteriormente aplicados en el pago de gastos de los depositantes, funcionando como una suerte de ‘cuenta corriente’, en contravención con la reglamentación vigente para las casas de cambio”. Se comprobó que Cambio Nelson pagaba un interés superior al de las casa financieras a las personas que depositaban altas sumas de dinero, una actividad que se desarrollaba desde finales de los años 90.
Los clientes eran captados por Wilson Sanabria, fallecido dirigente del Partido Colorado (PC) y padre de Francisco, y por Nelson Calvete, gerente de la empresa y quien dio el nombre al cambio. Wilson Sanabria fue diputado y senador por el PC, pero murió en 2015. El fiscal Rodrigo Morosoli solicitó, además, la prisión del contador Humberto Capote por la presunta comisión de “un delito continuado de apropiación indebida en calidad de coautor”. Capote fue director del Banco Central del Uruguay durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti y fue quien firmó la habilitación del Cambio Nelson. Después de retirarse de la actividad pública Capote prestó funciones como contador externo y asesor de Wilson Sanabria.
“No estamos ante el accionar de un contador bisoño, sino ante un profesional de extensa trayectoria y que supo ocupar cargos de máxima jerarquía en el sistema financiero”, dice el texto sobre Capote. El juez Souto lo dejó en libertad pero emplazado y con cierre de fronteras, y pidió una serie de pericias.
Según el texto publicado por la Fiscalía quedó comprobado que Sanabria Barrios “mantenía un tren de vida fastuoso”; la investigación demostró que empleó el cambio “como un medio para captar capital a través de los depósitos de su clientela, el que posteriormente era desviado hacia las cuentas de sus sociedades comerciales”. El dinero no era reembolsado al cambio.
La papa caliente
En los careos que hizo la Justicia, Sanabria Barrios, Capote, Calvete, Ubilla y Silva se echaron la culpa entre ellos. Capote dijo que Sanabria Barrios era el responsable del negocio y quien le daba la información para hacer los balances, en tanto Sanabria Barrios aseguró que nunca entendió los documentos ni participó en la elaboración de ellos. La Fiscalía asegura que quien conocía el “corazón” del negocio era Capote. Sanabria Barrios aseguró ante la Justicia: “Nunca hubiera aceptado la responsabilidad de seguir con la empresa si no hubiera tenido la seguridad de que ellos [Capote y Calvete] estaban ahí, que me hubieran explicado lo que me explicaron”.
Por su parte, Ubilla, quien, el sábado, participó en un careo con Sanabria, dijo que actuó bajo las órdenes de este. Cuando le tocó a la contadora Beatriz Silva enfrentar al ex titular del cambio se descompuso, pero en declaraciones realizadas el viernes había dicho que Sanabria era un “mafioso con mucho poder”. Silva era la encargada de realizar los trámites del cambio ante los distintos organismos financieros.
Sobre Ubilla la Justicia señala que fue una “contadora interna de la empresa, calificada por los testigos como ‘mano derecha’ de Sanabria Barrios [...] También asistía diariamente al cambio, participando activamente de la operativa cambiaria”.
En la conclusión, la Fiscalía señala: “Entiende este Ministerio que en esta causa se han relevado además indicios suficientes que ameritan iniciar una investigación judicial por hechos presuntamente delictivos, cuyo juzgamiento corresponde de manera exclusiva a la Sede Letrada de Primera Instancia en Materia Penal con especialización en Crimen Organizado”.













domingo, 28 de mayo de 2017

La mentira del voto




Domingo 28 de Mayo de 2017

>>> Fusibles cambiables del gran robo

La mentira del voto popular: Para que sirven los políticos corruptos empleados del poder económico

Al amparo de la representatividad institucional que le otorga el "voto popular", el político corrupto construye su PROPIO negocio capitalista haciendo lobby y gerenciando "cosa pública" para los poderes económicos y financieros que controlan y se reparten áreas de influencia en el Estado capitalista. Cómo funciona esa estructura políticos-dueños del poder real que la prensa del sistema OCULTA.

Por Manuel Freytas

Empleados y patrones
Por encima del poder político se sitúa el poder real de robo capitalista en alta escala (de naturaleza oculta) fundamentado en un trípode: Las grandes cámaras empresariales, las embajadas extranjeras y los monopolios de medios de comunicación.
El político es sólo la expresión gerencial, un ladrón menor,  de ese poder depredador de países que se roba la riqueza mundial por computadora.
Las mayorías, alienadas y embrutecidas por el descerebramiento mediático, creen habitualmente que "el poder" son los presidentes y los gobiernos de turno.


Festejen!!!



En esta concepción masificada, alimentada por los propios analistas de la prensa convencional,  un "Presidente" es algo así como una entidad supra independiente que toma decisiones autónomas por encima de la trama estructural del poder económico y empresarial.

En sus análisis (y así como hacen desaparecer la dinámica de las relaciones capitalistas) los comunicadores del sistema presentan un escenario de conflictos cuyo eje sólo pasa por las competencias y las guerras entre políticos y partidos.

Este enfrentamiento, entre políticos con otros políticos por el posicionamiento electoral, por un  lado, y las peleas del gobierno de turno con la "oposición", por otro, nunca se asocia con el establishment económico (el poder detrás del trono) y marca la dinámica de la "información"  que a diario consumen las mayorías.

Por lo tanto, para el nivel promedio estadístico masivo (incluido los intelectuales) el poder de decisión es una área de exclusiva competencia de la "clase política" y del gobierno de turno, en perpetua lucha por el sillón presidencial y por el resto de los gobiernos provinciales y comunales y sus áreas legislativas.

Y aquí, se produce la primera distorsión reduccionista: La estructura gerencial (los políticos) es confundida con los patrones (el poder empresarial que controla el Estado capitalista y todo el sistema económico productivo).





Fusibles del gran robo

Lo que la prensa (tanto en los países centrales como dependientes) presenta como guerra de los políticos por el poder, es en realidad una guerra de los grupos económicos por los mercados y por un mayor posicionamiento en las áreas de decisiones del Estado capitalista.

En este juego, los políticos son sólo intermediarios institucionales de esta guerra, tomando posiciones según su vinculación dentro de la red empresarial para la cual prestan servicios como "lobbystas" en los niveles gubernamentales, legislativos y judiciales.
En el Ejecutivo nacional, en los gobiernos provinciales y comunales, en las cámaras del Congreso, los políticos son sólo la polea de transmisión (y de ejecución) de los intereses de los grandes grupos económicos que se reparten el comercio interior, el comercio exterior, y toda la estructura económica productiva del país.
O sea que, la función especifica de la "clase política" no es la de detentar el poder de decisión económica (el poder real del Estado capitalista), sino la de cumplir funciones gerenciales (cuando están en puestos gubernamentales) o de hacer lobbys  (impulsar leyes favorables a sus representados) cuando están en la cámaras legislativas.
Para que esto se entienda mejor: Todo el desarrollo de la carrera
de un político corrupto (sin excepción a la regla) está marcado por su condición de lobbysta de algún grupo económico  que le paga coimas por sus servicios.


Ya no creen en nadie (mayo 2017 FACTUM


La carrera escalafonaria
La relación empieza cuando inicia su carrera en el escalón más bajo de la pirámide política, pasando por distintos puestos, desde concejal, diputado, intendente, gobernador hasta Presidente, según la suerte que le toque en el negocio.
Las empresas y bancos pagan de dos maneras por los "servicios" institucionales de un político: Financian sus campañas y lo habilitan con un porcentaje (coima por sobrefacturación)   de los contratos que consiguen con el Estado.
Si llegan a los puestos más altos (presidente, gobernador o alcalde), sirven al poder colocando a los operadores de los grupos económicos como funcionarios o asesores claves en los gabinetes gubernamentales.

Galería, elegí uno...

Esta dinámica es la que le permite a los políticos transformar el gerenciamiento de "cosa pública" en una empresa comercial paralela realizada con el control del Estado. Esta actividad capitalista privada (ejecutada con el Estado como herramienta) es lo que le permite al político convertirse en un próspero millonario y manejar cuentas secretas en los paraísos fiscales.
O sea que, al amparo de la representatividad institucional que le otorga el "voto popular", el político construye su propio negocio capitalista haciendo lobby y gerenciando "cosa pública" para los pulpos económicos y financieros que controlan y se reparten áreas de influencia en el Estado capitalista.
Si las mayorías tomaran conciencia de esta macroestafa y robo capitalista con el Estado dejarían de legitimar a los políticos con su voto en la urna.
Y eso no sucede por una sencilla razón: Los medios de comunicación (guardianes y protectores del sistema) imponen y nivelan la idea de que si la gente no vota se puede ingresar al caos y el "vacío" de poder.
Lo que no tiene ningún sustento lógico, dado que el Estado de las corporaciones económicas funciona al margen del formalismo de las instituciones que le otorgan barniz  "democrática" al macro-robo capitalista de trabajo social y de recursos naturales.
Donde el "voto popular" solo cumple el papel de legitimación social de la estafa institucionalizada con las elecciones y la participación masiva.


Como hacen "desaparecer" a los grandes ladrones


Los que toman las decisiones estratégicas (a través de los políticos) son los factores del poder económico que hacen lobby de presión e influencia sobre el gobierno y los parlamentos.

En busca de nuevas gestiones económicas alemanas (febrero 2017)



Esta estrategia (de presentar al gerente como si fuera el patrón) está orientada a hacer desaparecer la estructura del poder real que controla los hilos del Estado por encima de los gobiernos y los sistemas parlamentarios y jurídicos.

Por encima del poder político se sitúa un supra poder (de naturaleza oculta) fundamentado en un  trípode: Las  grandes cámaras empresariales, las embajadas extranjeras y los monopolios de medios de comunicación.



El poder paralelo de la embajadora de USA Kelly Keiderling
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Las embajadas extranjeras (principalmente las de EEUU y la UE) cumplen función de "lobbystas" de sus bancos y empresas en el país en que se encuentren.

Las grandes cámaras empresariales, su vez,  nuclean a los grandes bancos y empresas multinacionales que mantienen la hegemonía y el control de toda la actividad económico productiva, y a su vez manejan el mercado interno y el comercio exterior (las áreas clave de la economía).
Los grandes consorcios mediáticos (aparte de integrar el sistema como una corporación más) son ultradependientes de los grandes bancos y empresas que pautan el grueso de sus facturación con la publicidad comercial.
A su vez, presionan al gobierno nacional y a los provinciales para el otorgamiento de la publicidad institucional de Estado, que complementa su facturación y su rentabilidad por ingresos publicitarios.
Este trípode estratégico constituido por las embajadas (el poder imperial trasnacional), las grandes cámaras empresariales (el poder económico) y los consorcios de la comunicación (el poder mediático) constituye el centro del poder estratégico real  que controla el Estado capitalista, tanto en los países centrales como en los de la periferia dependiente.
Cuando la prensa otorga (a través de la información)  el poder de decisión a los políticos y a los gobiernos de turno, lo que hace es diluir la comprensión y sacar el poder real de la vista de las mayorías.
Y hay una explicación de fondo: Los políticos no son nada más que fusibles cambiables,  ladrones menores, y empleados serviles del sistema capitalista globalizado que controla presidentes, países y mercados a escala planetaria.
Además de su función gerencial al servicio de los grandes grupos económicos, están para preservar el anonimato de los centros de decisión que controlan el poder real de lo que se roban las riquezas del mundo por computadora.








sábado, 27 de mayo de 2017

Qué ganaría Uruguay?





25 mayo 2017


Tal sería el caso de firmarse un contrato de inversión sin haber cumplido requisitos previos tales como la presentación de un proyecto concreto, con una ubicación acorde con las directrices departamentales de ordenamiento territorial, así como de un estudio de impacto ambiental y la evaluación correspondiente.

A la luz de experiencias anteriores, como el contrato firmado con Montes del Plata, se vulneraron normas legales y atribuciones de otros poderes del estado, se otorgaron beneficios fiscales y facilidades de zona franca, así como la imposibilidad de modificar los aportes tributarios, que no posee la industria nacional, además de comprometer la posibilidad de someter al país a juicios internacionales.

Como resultado de lo anterior, Uruguay no solo no alcanzaría logros relevantes con la instalación de esa planta de celulosa, tendría además pérdidas significativas tanto desde el punto de vista económico, como social y ambiental.

IMPACTOS ECONÓMICOS

¿Cuál ha sido el aporte de las pasteras en zona franca? ¿Cómo se justifica otorgar los beneficios de zona franca a una industria hoy altamente rentable y que hace uso directo de recursos naturales en los que tenemos disponibilidad local y evidentes ventajas comparativas, que no abundan en el mundo?

Si sumamos las cifras declaradas por las tres plantas de celulosa, se invertirían US$ 7.600 millones y ganarían US$ 24.361 millones. Es decir que, descontada la inversión, tienen un lucro de US$ 16.761 millones. Por cada dólar invertido, se llevan 2.20. O sea que no realizan ningún “aporte” por la extracción de recursos del país. ¿Por qué no dirigimos nuestros recursos según nuestras decisiones?

El establecimiento de la base forestal costó mucho dinero en subsidios y mucho más en renuncias fiscales. Eso sin entrar en la discusión sobre la pérdida de puestos de trabajo, degradación de los recursos hídricos y otros costos sociales y ambientales que se asocian con los monocultivos de árboles. Al ampliarse la superficie forestada para abastecer a una tercera planta de celulosa se perderán nuevas áreas aptas para la producción de alimentos, carne, leche, cultivos.

INFRAESTRUCTURA

Tenemos carreteras y caminos destrozados por esta actividad, cuyo mantenimiento y reconstrucción venimos pagando nosotros, inclusive con accidentes y muertes. Dado que UPM lo plantea ahora como una condición previa, pagaremos con anticipación y el gasto seguirá a cargo del estado uruguayo, sin contrapartida de las empresas.

En los casos en que luego de inversiones millonarias por parte del estado, como en el puerto de La Paloma, se le exigió una contrapartida a las empresas, el dragado, éstas no accedieron a hacerlo y se perdieron cuantiosas inversiones.

El gobierno dice que “va a invertir en infraestructura”. Si aportará US$ 1.000 millones: ¿por qué no poner nosotros condiciones? Si es una inversión: ¿por qué no participar en las ganancias del proyecto? Por otra parte, no se sabe de dónde sale la cifra de US$ 4.000 millones que invertiría UPM porque la empresa no lo ha dicho y una planta similar en Finlandia estaría costando US$ 1.500 millones.

Se menciona la reconstrucción de una línea de ferrocarril. ¿Desde cuándo se habla de su necesidad para el pueblo uruguayo? Se lo ha dejado agonizar. Tenía que venir una transnacional para que, entonces sí, se diga que se hará.

Es un tema de fondo de la política económica oficial. Afirman que “el mercado” decide, que el Estado no interviene. Pero el Estado interviene y mucho, otorgando renuncias fiscales y garantías soberanas para las empresas transnacionales.

BALANCE ENERGÉTICO

Una de las "ventajas" atribuidas a las plantas de celulosa es la generación de energía "limpia" a partir de biomasa para el sistema eléctrico nacional. Sin embargo, el balance energético de esas plantas es negativo, son fábricas comunes que consumen fueloil y complementan sus necesidades con biomasa. En el período 2011-2016, compraron fueloil a ANCAP y quemaron casi el doble de la energía que le vendieron a UTE.

¿Por qué ANCAP vende el fueloil a las plantas de celulosa entre la mitad y un tercio del precio a que se lo vende a las industrias locales que pagan todos sus impuestos y generan muchas más fuentes de trabajo? ¿Cómo se explica, además, que el precio para las pasteras sea inferior al que ANCAP paga cuando lo importa?

IMPACTOS SOCIALES

A pesar de la planta de Botnia/UPM, cuya producción se inició en 2007, Río Negro se mantuvo entre los departamentos con mayor tasa de desempleo del país. Entre 2008 y 2010, estuvo en el primer lugar; en 2011 fue superado por Artigas, Durazno y Treinta y Tres; y en 2012 solo Durazno tenía mayor porcentaje de desocupación.

El empleo definitivo en una planta de celulosa es pequeño, solo existe un empleo temporal en precarias condiciones, con trabajadores extranjeros sin poder controlar el respeto de los derechos laborales de todos y con graves impactos sociales (aumento de arrendamientos, desorden social local, prostitución, etc.).

Los Censos Agropecuarios entre 2000 y 2011 muestran que el empleo en el sector forestal se redujo de 4,5 a 1,8 trabajadores cada mil hectáreas, mientras que en la ganadería se situaba en 5,8 y 4,7 trabajadores, respectivamente. No es correcto atribuir a las plantas de celulosa los empleos en plantaciones ya existentes.

Las nuevas plantaciones de eucaliptos profundizarán el proceso de desertificación del territorio al Norte del país y la fragmentación de la sociedad rural. Se acentuará la desaparición de pequeños y medianos establecimientos, que son los pilares de la sociedad que vive en el campo, sustituyéndolos con empleos temporales poco especializados, con condiciones de trabajo precarias y peor pagadas.

IMPACTOS AMBIENTALES

Un primer punto a destacar es la gran concentración de agentes contaminantes que deberían ser absorbidos en una pequeña región del territorio. Las plantas existentes en el país están separadas unos 150 kilómetros, la proyectada sería equivalente a la suma de las dos en un mismo lugar, a lo que se agrega un caudal siete veces menor al del Río Uruguay. La contaminación del Río Negro ha pasado a ser un consenso, como lo es la del Río Santa Lucía. Las cianobacterias permanecen incluso en invierno, cuando lo normal en esa estación era que prácticamente desaparecieran.

Ya existe una disputa por el uso de los recursos hídricos en esa zona: ganadería, generación de energía, nuevos planes de riego, plantaciones forestales. Se agregaría una mega planta de producción de celulosa, muy demandante por si misma del recurso, una situación que se agravará en los períodos de estiaje.

La producción diaria de celulosa en la nueva planta sería de unas 7.400 toneladas, lo que implicaría una extracción diaria de agua de 214.600 m3 (similar al consumo de los habitantes de Montevideo) y una devolución diaria de 185.000 m3 como efluentes. De esta manera, la planta consume 29.600 m3 diarios de agua, pero la pérdida para generar energía es dos veces ese volumen, es decir 59.200 m3, porque el agua del Río Negro se turbina más adelante en las represas de Baygorria y Palmar.

Los efluentes de una planta de celulosa tienen una gran variedad de componentes: sustancias orgánicas consumidoras de oxígeno, fósforo y nitrógeno, arsénico, cadmio, cobre, mercurio, níquel, plomo, zinc, sustancias muy tóxicas -dioxinas, furanos, fenoles-, materiales particulados, compuestos clorados orgánicamente ligados (AOX), compuestos de azufre, agentes microbiológicos, etc.

Asimismo, estas plantas generan un aumento importante de las emisiones de dióxido de carbono, óxidos de carbono y otros compuestos que hacen que Uruguay sea un contribuyente real al efecto de invernadero promotor del cambio climático en vez de un sumidero de carbono, como se ha tratado de propagandear. Curiosamente, en los informes del país no se incluyen estas emisiones.

Ya que se habla de las 'últimas tecnologías disponibles', ¿Por qué no se utiliza el agua en circuito cerrado o quasi cerrado? ¿Y la tecnología libre de cloro?

Por último, una evaluación de los impactos de las plantas de celulosa no puede ser ajena a los de la forestación, que van desde la reducción del rendimiento hidrológico y la biodiversidad, hasta una grave alteración de la materia orgánica y las propiedades físico-químicas de los suelos desarrolladas a través de siglos.

En particular, debería preocupar la vulnerabilidad hídrica de la población de las zonas altamente forestadas, dado que la afectación del ciclo hidrológico implica pérdida de resiliencia del país ante los efectos adversos del cambio climático.

EN CONCLUSIÓN

Exceptuando la etapa inicial de la construcción, que puede durar unos tres años, los impactos económicos de una planta de celulosa en las condiciones admitidas por el gobierno son negativos, a corto, mediano y largo plazo. La inserción internacional es de las peores posibles, y el “crecimiento” de que se habla engaña, ya que la mayor parte del ingreso generado no queda en el país.

En definitiva, Uruguay no ganaría nada significativo con la instalación de esa planta, pero además saldría perdiendo en cada uno de esos aspectos. Si nos preocupa el bienestar de la población y que la naturaleza pueda seguir proporcionando servicios ambientales imprescindibles, como el agua para consumo humano y animal, con este proyecto nos alejamos de los más elementales conceptos de Desarrollo.

Para no hacerlo, deberían al menos cumplirse condiciones básicas tales como:

- la transparencia, sobre todo que se empleen mecanismos de participación pública que permitan a la sociedad involucrarse en decisiones claves para optimizar los beneficios de los recursos existentes en el territorio nacional;

- una inversión extranjera acorde con un Programa Nacional de Desarrollo, donde sus objetivos, condiciones y demás los fijemos colectivamente. Nosotros debemos decidir, no someternos a designios extranjeros; y

- una forestación a una escala que respete suelos y cuencas hidrológicas, así como las actividades productivas tradicionales; que impulse también maderas nobles y el máximo de valor agregado, donde la celulosa (un commodity) se industrialice en el país de distintas maneras y haciendo papel, para consumo interno en primer lugar, capacidad que acabamos de perder con el cierre de Fanapel, que no mereció del gobierno poco más que una declaración.

Que se ignore la propia experiencia de Uruguay es triste y preocupante. ¿Por qué no se analizan y debaten estos temas abiertamente con la población?

MOVIMIENTO POR UN URUGUAY SUSTENTABLE (Movus)

25 de mayo de 2017.

Contactos de referencia:
Ana Filippini 098 407 572
Angel Segura 098 726 485
Carlos Anido 099 494 679
Elizabeth Díaz 099 375 508
Gustavo Melazzi 2622 6584
Raúl Viñas 099 648 685
Víctor Bacchetta 098 935 317






Gente en Obra- Recibimos a Andres Olivetti







El País DANIEL ISGLEAS15 abr 2017
Trece años después de ser izada la bandera nacional en Haití para cumplir con el mandato de Naciones Unidas, esta tarde será arriada por última vez en la base que el Ejército tiene en Morne Casse. En tres vuelos programados por el organismo, los 250 efectivos que permanecen en la misión comenzarán a regresar al país en los primeros días de mayo.
El ministro de Defensa Nacional Jorge Menéndez indicó a El País que el personal comenzará a regresar desde el lunes 1° de mayo en vuelos programados por Naciones Unidas para ese día, el miércoles 3 y el viernes 5.
Mientras, el equipamiento pesado (camiones, vehículos blindados, jeeps y equipos generadores de luz, entre otros) será alistado para el viaje, trasladado desde Morne Casse (al norte del país) y llevado a Puerto Príncipe donde será embarcado para Montevideo en un transporte también provisto por la ONU.
"Mañana (hoy sábado) será un día especial porque luego de 13 años se baja la bandera uruguaya al servicio de Naciones Unidas en Haití. Para el gobierno es positiva la misión porque cumplimos con el mandato", sostuvo el ministro.
"Trabajamos con dedicación. Por la misión pasaron más de 12.000 personas de las tres fuerzas. Hemos perdido la vida de compatriotas en accidentes, por el terremoto y ahora depende de Haití su destino", sostuvo.
Según Menéndez, es positivo que la situación interna de Haití haya permitido que un gobierno electo sea sucedido por otro. "Pero no podemos verlo a imagen y semejanza de nuestras democracias, de nuestra institucionalidad. Ahora son ellos quienes marcarán su camino, tienen un destino por delante. Nosotros hemos cumplido con el servicio para Naciones Unidas. El sentimiento desde el ministerio y el gobierno es de conformidad", precisó.
A su vez, el coronel Wilfredo Paiva, vocero del Ejército, explicó en radio Sarandí que a partir de hoy sábado está previsto el cese de las operaciones. A las 17 horas de Uruguay habrá una ceremonia de fin de misión, y por consiguiente los efectivos ya no harán más patrullas.

Sin ley.

Desde otro ángulo de la información, en la oposición se considera "grave" que una parte del contingente permanezca sin autorización legal. "En diciembre cuando se votó la última prórroga (ley 19.482), se dijo que era la última. Quizás a la bancada del gobierno no le convenga volver a dar la discusión en el Parlamento", dijo a El País el diputado nacionalista Jorge Gandini.
Aquí es donde se presenta la polémica porque esa ley en su artículo 1° autoriza la permanencia del contingente hasta el 15 de abril de 2017. Pero a su vez un segundo inciso de ese artículo señala: "Asimismo, con el fin de hacer efectivo el procedimiento de repliegue correspondiente y para la repatriación de los recursos materiales allí emplazados, se autoriza la permanencia del personal requerido a tales efectos, por el período adicional considerado mínimamente necesario".
El ministro Menéndez descartó que se piense enviar al Parlamento un nuevo pedido de prórroga de la misión, apoyado en la interpretación de ese segundo inciso del artículo 1°.
El que inicia hoy su regreso es el último contingente de soldados en Haití. Uruguay forma parte de la Minustah (Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití) desde 2004, precisamente el año en que el Frente Amplio ganó sus primeras elecciones nacionales. La permanencia en la misión le ha traído más de un dolor de cabeza a la izquierda, que ha debido sostener duras batallas en el Parlamento por esa causa, y ha perdido a dos diputados: Guillermo Chifflet (PS) y Esteban Pérez (MPP).

EN PRIMERA PERSONA.

"Haití es como un paciente que recién salió del CTI".

Por Mariana Castiñeiras
Claudia Batista no tuvo mucho tiempo para pensar cuando, el año pasado, le ofrecieron viajar a Haití. Fue en un apuro y en reemplazo de alguien que se había bajado a último momento.
En Uruguay, esta mujer dejaba a su madre, sus hermanos y su hijo de 20 años, con quien nunca se había separado más de 15 días.
Batista es enfermera del Hospital Militar y reconoce que los primeros tiempos lejos fueron difíciles. Su deformación profesional es vincular sus vivencias con la medicina: estando allá, la gripe de un familiar puede parecer una neumonía. La distancia, dice, deforma todo.
Sin embargo, a un año de haber partido, Batista compara sus emociones con respecto a Morne Casse, la base donde vive, con el síndrome de Estocolmo. Después de tanto tiempo, el lugar se volvió una parte de ella.
A un día de cesar las actividades allí, Batista palpa entusiasmo en el ambiente. "Todos queremos volver, aunque ya no seamos los mismos. Ningún ser humano que venga a Haití vuelve siendo la misma persona", reflexiona.
La rutina de un enfermero hasta ahora variaba entre guardias y patrullas. En el batallón Uruperbat (compartido con Perú) la tarea del personal médico era acompañar al ejército en recorridas. A partir de hoy los equipos estarán inoperativos y deberán preparar todo aquello que se va a donar. "Casi todo va para instituciones de la zona", cuenta Batista. "Son camas, colchones, medicación, ropa de cama, roperos y utensilios de cocina, es una linda tarea y todos queremos colaborar".
Para Batista, Haití es como un paciente que acaba de salir del CTI. Los próximos tiempos son cruciales y un mínimo desequilibrio podría tirar los esfuerzos por la borda. "Aprendí a amar a este país y creo que esto debería ser prevenido, para terminar el trabajo correctamente". Los apoyos más necesarios serían en educación y servicios, opina.
Durante el último año, Batista estuvo en contacto con la pobreza extrema que se vive en partes de la isla. Pellizcó algo del idioma local y aprendió a querer su música. En el último año también escribió las memorias de su viaje, que ha ido publicando en su cuenta de Facebook. Allí, reflexiona: "¿Con su sencillez y sus humildes vidas, no serán más felices?"


>>> Con Mónica Riet








jueves, 25 de mayo de 2017

Uruguay no se presentó

Falta de voluntad





Uruguay, como Estado, ausente en audiencias de la CIDH

“Es algo insólito. Nos dicen de la Comisión que nunca ha pasado”, dijo Guianze

Este jueves el Observatorio Luz Ibarburu presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sesiona extraordinariamente en Buenos Aires. Según informó la periodista de RNU enviada a Buenos Aires, Mónica de León, Uruguay como Estado no asistió a la audiencia de la CIDH y envió un escrito.

La directora de la Institución de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, opinó en De Ocho a Diez que “es algo insólito” que Uruguay no se presente a audiencia. “Nos dicen de la Comisión que nunca ha pasado”, dijo y agregó: “Uruguay es un país muy próximo, por lo cual no tendría dificultades para trasladarse”.

“Al parecer (el Estado uruguayo) habría enviado ayer una nota a la CIDH comunicando que no iba a venir, pero el espíritu de la audiencia es intercambiar, para que la comisión medie y luego saque sus conclusiones”, dijo Guianze.

El Observatorio Luz Ibarburu presentaría su preocupación por el estancamiento de 300 causas y del comando Barneix.

Guianze opinó que hace falta una política de Estado. “El Estado es el último responsable por las vulneraciones a los Derechos Humanos, los tres poderes. El Poder Ejecutivo tuvo en su momento algunas iniciativas interesantes pero ahora se requiere que haya un presupuesto acorde para que se pueda investigar”, acotó.



Escuchar aquí móvil de Mónica de León desde Buenos Aires y la entrevista a Mirtha Guianze.


Denuncian en la CIDH la impunidad en Uruguay

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sesiona en Buenos Aires recibirá hoy en Audiencia al Observatorio Luz Ibarburu. Se plantearán centralmente las amenazas del “Comando Barneix” y la inoperancia de la Justicia en las causas de Derechos Humanos vinculadas a la dictadura.

Hernán Yanes
Sebastián Artigas
Jueves 25 de mayo


Durante la sesión 162 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se lleva a cabo en Buenos Aires, se realizará en el día de hoy la audiencia solicitada por el Observatorio Luz Ibarburu, organización que realiza el seguimiento de 305 expedientes judiciales referidos a casos de violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.

El Observatorio solicitó la audiencia en función de las amenazas del denominado Comando Barneix contra civiles vinculados a causas de derechos humanos y la falta de cumplimiento de la sentencia de condena al Uruguay en el caso Gelman. Esa sentencia obliga a Uruguay a remover todos los obstáculos que impidan el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y obliga al Estado a garantizar a las victimas sus derechos en materia de justicia, verdad y reparación.

Con respecto al comando Barneix no han existido avances en la investigación acerca de su accionar, situación similar a lo sucedido con el robo y atentado Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay [GIAF] acaecido hace más de un año. Estos hechos, junto a la comprobación de espionaje en el periodo democrático hablan de la impunidad reinante y el intento de amedrentar y silenciar a los denunciantes en las causas de DDHH.

El Observatorio planteará también las numerosas dificultades existentes a nivel judicial para avanzar en la investigación de las causas producto de la falta de voluntad política de parte del Estado.

Las cifras de la impunidad

A 32 años del retorno democrático solo hay procesados o cumpliendo su condena 19 represores (a los que se suman 7 ya fallecidos).

Si oficialmente se reconoce que casi 6000 personas pasaron por la Justicia Militar durante la dictadura, es decir que estuvieron presas y que fueron torturadas o sufrieron malos tratos y además hay más de 100 desaparecidos la cifra de menos de 30 responsables procesados muestra la magnitud de la impunidad y falta de justicia.

De los más de 300 expedientes penales, vinculados a la dictadura, el 70% no ha superado la indagatoria presumarial (no hubo siquiera el inicio del proceso). De las demás, un 23% han sido archivadas, 7% acumuladas a otros expedientes, 3% permanecen en etapa de sumario, 1% no se encuentran registradas, en 1% se declinó competencia, y solo un 3% recibió sentencia.

La actitud de los políticos del régimen heredero del Pacto del Club Naval da cuenta también del intento por dar vuelta la página y la voluntad de no avanzar hacia la verdad y la justicia. A la protección “militante” y explícita de blancos y colorado hacia asesinos y torturadores se le suma las señales que han dado los dirigentes del Frente Amplio en estos años. La visita de Mujica al represor Dalmao luego de su condena, el pedido de libertad para los “pobres viejitos” genocidas, la gestión de Huidobro como ministro protegiendo militares, entre otros hechos, dan cuenta de que el Frente Amplio tampoco está interesado en el avance de la verdad y la justicia.

Los integrantes del Observatorio Luz Ibarburu: Pablo Chargoñia, Florencia Retamosa y Raúl Olivera, y los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Luis Vargas, José Orozco, Francisco Eguiguren y James Cavallaro, durante una audiencia, ayer, en Buenos Aires. Foto: Pablo Vignali

Sin dar la cara

26 • mayo • 2017 Natalia Uval

Los estados en general no se ausentan en las audiencias que realiza periódicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). El presidente de la CIDH y relator especial para Uruguay, Francisco Eguiguren, recordó la falta de Estados Unidos cuando se discutieron temas migratorios, así como las ausencias de Cuba y de Nicaragua, pero señaló no es habitual en el caso de los demás países.
La silla vacía del Estado uruguayo fue una alusión recurrente en los discursos de las dos audiencias sobre casos uruguayos que se celebraron en la mañana de ayer en el hotel Sheraton en Buenos Aires. El Estado se limitó a enviar una nota en la que comunicaba que no le sería posible participar “de modo presencial”, y que en cambio enviaba un documento para entregar a las organizaciones sociales. “Quiero expresar mi preocupación y sorpresa por esta situación. Estamos seguros de que recibiremos mayores explicaciones [por parte del Estado uruguayo], porque las audiencias de la CIDH son un foro, una vitrina para el esclarecimiento de temas”, señaló Eguiguren.
El comisionado de la CIDH James Cavallaro dijo no entender por qué las autoridades uruguayas no participaron en la audiencia, cuando están “tan cerca” de Buenos Aires. José de Jesús Orozco, comisionado de la CIDH, advirtió que la ausencia del Estado uruguayo “impide o dificulta de manera severa” que la comisión “pueda cumplir con su mandato de proteger los derechos humanos [DDHH] en la región”.
Las organizaciones de la sociedad civil que pidieron las audiencias también cuestionaron la ausencia de representantes del Estado y evaluaron que constituye “un vacío inesperado” de Uruguay al sistema interamericano de DDHH, que da “vergüenza ajena”.
Tras bambalinas
La primera audiencia se convocó a solicitud de una coalición de 130 organizaciones, que reclaman mayor transparencia en el proceso de selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Marina Morelli, integrante de la organización Mujer Ahora, sostuvo que el proceso actual “tiene como núcleo duro la negociación político partidaria” y “se desarrolla entre cuatro paredes, en el más absoluto secretismo, sin participación ciudadana, sin transparencia, sin rendición de cuentas posterior que nos permita saber los criterios objetivos por los cuales se entiende que determinada persona es la más capaz” para ocupar el cargo de ministro de la SCJ.
Agregó que este secretismo es “inaceptable” y que las organizaciones ni siquiera obtienen respuestas a preguntas “tan simples como de dónde parten las candidaturas, ante quién se presentan las propuestas, cuáles son los criterios objetivos que se manejan para la elección”.
Tania da Rosa, del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), recordó que en junio de 2015 se presentó una petición al Parlamento, que ya se había presentado en la legislatura pasada, para que los legisladores definieran un proceso transparente de selección de los ministros. Afirmó que hasta el momento los parlamentarios no se han expedido ni han brindado respuesta formal a las organizaciones. Remarcó que esta actitud “desconoce los estándares interamericanos para fortalecer la independencia judicial” y “vulnera de manera inadmisible el derecho de acceso a la información pública”.
Finalmente, las organizaciones instaron al Estado uruguayo a garantizar un proceso “transparente y participativo” en la selección de los ministros de la SCJ. En su respuesta por escrito, el Estado uruguayo, por intermedio del presidente de la Asamblea General, el vicepresidente Raúl Sendic, manifestó que el tema planteado por las organizaciones es “atendible y prioritario”. “Es una preocupación de la Asamblea General fortalecer la transparencia en sus procesos, sobre todo en aquellos que comprometen los aspectos fundamentales de nuestro sistema democrático”, indica el escrito. Recuerda que la petición de la organización está a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General, y que el 8 de mayo se presentó un borrador de reglamento para el proceso de designación de los ministros que está a estudio de los partidos políticos. “Surge entonces que la Asamblea General se encuentra comprometida con el mejoramiento de las prácticas institucionales que hacen al objeto de la petición”, concluye el documento.
Por su parte, el presidente de la CIDH evaluó que todos los sistemas de designación de jueces son distintos en cada país. De todos modos, coincidió en que estos procesos “tienen que transparentarse”, que debe estar regulado cómo se presentan las iniciativas y que deben difundirse las hojas de vida de los candidatos para que las organizaciones puedan pronunciarse. “Estoy totalmente de acuerdo con la idea de mayor acceso a la información”, afirmó. Otros comisionados de la CIDH coincidieron en la importancia de la transparencia en estos procesos.
Todavía esperamos
Una hora después, el tema fue la “política de impunidad” del Estado uruguayo. La delegación de la sociedad civil en este caso fue más numerosa, lo que acentuó el contraste con las sillas vacías a su frente. Además de los tres peticionantes, integrantes del Observatorio Luz Ibarburu –los abogados Pablo Chargoñia y Florencia Retamosa, y el coordinador ejecutivo del Observatorio, Raúl Olivera–, se sumaron en un gesto simbólico de respaldo, detrás de ellos, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Mirtha Guianze, la académica Francesca Lessa y el integrante del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil Jair Krischke. Tanto ellos tres como Chargoñia fueron amenazados de muerte este año por el autodenominado “comando Barneix”, en un episodio que aún no fue esclarecido por la Justicia.
Precisamente, este fue uno de los hechos que mencionó Retamosa, junto al robo al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF), para sostener que hay indicios de la persistencia de “un aparato de inteligencia militar ilícita que opera desde las estructuras del Estado” con las lógicas de la dictadura. Informó que como resultado concreto de las amenazas, la Universidad de Oxford le solicitó a Lessa que no viajara a Uruguay. Retamosa recordó que el robo al GIAF incluyó el señalamiento de los domicilios de los investigadores, “dando una señal inequívocamente amenazante”, y que tampoco fue esclarecido por la Justicia.
Olivera sostuvo que el proceso de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia de la OEA para el caso Gelman “se ha visto afectado por la persistencia de la impunidad”. Mencionó las amenazas a las organizaciones de DDHH, la “responsabilidad de las instituciones estatales en el empantanamiento de las causas”, la persistencia del espionaje militar en democracia, “sin que el Estado tenga una conducta activa y ponga en funcionamiento una institucionalidad adecuada y eficaz”.
Chargoñia recordó que antes se esgrimía la Ley de Caducidad como “el único obstáculo para el juzgamiento” de los violadores de los DDHH durante la dictadura, y sin embargo, pese a que se restableció la pretensión punitiva del Estado en 2011, el resultado “es muy decepcionante”. Señaló que sólo hay 19 personas cumpliendo condenas por estas causas, sólo una enjuiciada por tortura, y 70% de los expedientes penales no superó la indagatoria presumarial. Consideró que no es posible prever un cambio en este panorama, debido a la “demora en la tramitación de las causas judiciales”. Afirmó que los represores “han sido beneficiados por la Justicia” a raíz de la conducta “omisa o negligente” de esta, habilitando todo tipo de recursos dilatorios presentados por los abogados de los represores.
Chargoñia sostuvo también que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia “no aparece como una herramienta eficaz” y “no ha logrado superar los discursos”, ya sea “por falta de recursos o por falta de coordinación”. Recordó que los militares retirados mantienen el estado militar y no han sido juzgados por tribunales de honor; “y no se advierte que esta absurda e insultante protección militar esté por concluir”, afirmó. Dijo que en la Justicia hay “descoordinación” en las causas y que no se la ha dotado de “los recursos necesarios” para afrontar estos casos.
Concluyó que en Uruguay hay “un diseño institucional despreocupado de la protección de las víctimas” y una “impunidad institucionalizada”. Sostuvo que el Parlamento no ejerce su función de contralor del Ejecutivo en este tema y que hay una “evidente falta de voluntad política” de un Estado “desinteresado” por las violaciones a los DDHH durante la dictadura. “La política de impunidad es una política de Estado en Uruguay”, sentenció.
Finalmente, Chargoñia pidió al Estado que tome medidas para el descongestionamiento de los juzgados penales que abordan asuntos de violaciones a los DDHH en la última dictadura, y llamó a “revisar” la decisión del Parlamento, que ya tiene media sanción, de crear una fiscalía especializada en DDHH. “No aparece como una solución para atender más de 300 causas penales”, advirtió. También solicitó al Estado que adopte “medidas protectoras de la integridad física” de los abogados y activistas de DDHH amenazados –ya que hasta el momento no hubo “siquiera declaraciones” que expresaran “alguna preocupación” por parte del gobierno–, así como para establecer las responsabilidades materiales e intelectuales “que corresponden” por estos hechos. Dijo que la investigación judicial sobre las amenazas da la impresión de ser “superficial, simple”. Concluyó que la “sorpresiva, preocupante, lamentable” ausencia del Estado en la audiencia “es la confirmación simbólica de la crítica que estamos formulando”.
Todos los comisionados expresaron su preocupación por las denuncias formuladas. El comisionado Jesús Orozco llamó a investigar “con la debida diligencia y [a] castigar a los responsables” de las amenazas, porque esta situación “no sólo afecta a la persona involucrada, sino también a los defendidos”, y tiene un “efecto intimidatorio” hacia la comunidad de defensores de los DDHH.
En su respuesta por escrito a las organizaciones, el Estado uruguayo hace un balance del cumplimiento de la sentencia del caso Gelman. Sobre la búsqueda de los restos de María Claudia García menciona que se han continuado las tareas de excavación en los predios del Batallón No 13 “sin que, hasta el momento, se hayan producido resultados al respecto”. Agrega que “de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente de Uruguay, la calificación jurídica de una conducta con apariencia delictiva le compete exclusivamente a la Justicia Penal”.
El gobierno evalúa que “desde el punto de vista de la jurisprudencia de la SCJ, no existe ningún obstáculo legal que impida investigar, perseguir y castigar los delitos que se hayan cometido” durante la dictadura. Menciona la creación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, a estudio del Parlamento, y la capacitación de los fiscales en temas de DDHH.
Sobre las amenazas del comando Barneix, el gobierno menciona un informe que pidió a la jueza Julia Staricco, que está a cargo de la causa. La jueza explica que no ha podido rastrearse el origen del correo electrónico desde el que se enviaron las amenazas. Sólo se sabe que la IP de origen es de Estados Unidos. El 19 de mayo, la jueza dispuso que se librara un exhorto a una empresa de comunicaciones en Estados Unidos para determinar quién dispuso de la IP en el día y horario en que se mandó el correo electrónico.
Hoy se realiza la última audiencia por un caso uruguayo. A pedido de la Coalición por una Comunicación Democrática, se analizará la responsabilidad del Estado por no haber aplicado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esta ocasión el Estado sí estará representado, por autoridades de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones y del Ministerio de Industria.
Explicación de la ausencia
Con el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren
–¿Es habitual que los estados se ausenten en este tipo de audiencias?
–No, no es lo frecuente. Pasó con Estados Unidos. Con Cuba es una constante. Y el que lo ha venido haciendo también es Nicaragua. Con los demás no ocurre, es muy extraño. Estados Unidos explicó que las razones por las cuales no fue a dos audiencias fue porque eran temas que estaban judicializados dentro de su país, criterio que obviamente no compartimos. Resulta muy difícil entender esto [la ausencia de Uruguay]. Como se ha mencionado, el país está cerca y esto está anunciado hace mucho tiempo. A todos nos ha generado una profunda sorpresa, pero quisiera saber cuáles son las razones que nos dicen.
Con el embajador de Uruguay en Argentina, Héctor Lescano
–¿Por qué no estuvo presente el Estado uruguayo en las audiencias de la CIDH?
–Se trata de una decisión soberana del gobierno relativa a estos temas. Es evidente que tenemos algunas visiones distintas respecto de los pasos a dar. Yo personalmente creo que Uruguay viene cumpliendo en términos programáticos con su compromiso de hacer todo lo posible en el terreno de los DDHH, respetando mucho también las otras opiniones. Nos ubicamos entre todos aquellos que tratamos de luchar por temas en los que hemos tenido una gran sensibilidad. Yo todos los 20 de mayo estoy frente al hotel Liberty con los uruguayos que se juntan para rendir homenaje a Zelmar Michelini y a los otros compañeros, muchas veces discrepando con los contenidos de una proclama que me parece que no reconoce la voluntad política del gobierno uruguayo.
–Hoy hubo cuestionamientos a lo que se denominó una “política de impunidad” del Estado, pero también hubo críticas a Uruguay por no participar en la audiencia; se dijo que esto minaba la actuación de la CIDH.
–Comprendo y lamento que se establezca una situación así, pero creo que Uruguay ha estado abierto al diálogo y que son innegables los avances que se han registrado. Uruguay tiene sus institutos propios, tiene hoy en Presidencia de la República un grupo de trabajo en DDHH, y se está trabajando en diversos ámbitos.









Sandro Soba

El general retirado Raúl Mermot :  "Evidentemente que hubo excesos, pero me consta en lo personal de jamás haber estado en una sesión de tortura a nadie. No confundir tortura con apremio físico. Se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio físico"


por Jorge Zabalza (en memoria del Cacho Benia) publicado en VOCES


“Hoy es una tarde donde la verdad como la justicia siguen ausentes: las mentiras y la banalización de las tortura en dictadura nos trata de ganar la cabeza. Lo que ellos llaman exceso fue tortura, como claramente lo dijo el fiscal y presentó inmediatamente la apelación. Arriba los que luchan y si no hay justicia, habrá condena social”. Sandro Soba luego que Blanca Rieira interpetó la ley de modo de no encontrar razón alguna para procesar el general Mermot por apología de la tortura.


Si mal no recuerdo, medio siglo atrás nos enseñaban en Facultad que la conducta del hacedor de justicia traducía en acción la palabra de la ley, o sea, que hacer justicia es actuar conforme a lo prescrito por el derecho positivo. La justicia no es un valor abstracto sino una cuestión práctica; no es un principio etéreo, intangible o divino sino una forma de comportamiento humano, concreta, vulgar y silvestre.

Para Aristóteles era muy justo que unas personas nacieran para esclavos y las otras para ser sus amos, su sentido de justicia era el mismo que luego se convirtió en dogma de la iglesia católica y siglos después reglaría la conducta de los nazis. Sin embargo, no era el que tenían los violentamente reducidos a la esclavitud. Para ellos, justicia era la de Espartaco. El mundo cambia y los filósofos griegos ya no pueden boludear, paseando sus ocios por templos y plazas marmoladas para consumir el tiempo libre que robaban a los esclavos. Aunque salario mediante las mayorías siguen sometidas sutilmente al trabajo forzoso, hoy día nadie en el mundo puede creer que la esclavitud sea un acto de justicia. Ni el fiscal Zubía podría ser tan payaso de sostener semejante barbaridad.

Los actos de justicia se dan en dos momentos: en el primero, se aprueban las leyes, códigos y constituciones y en el segundo, se aplican las normas o se administra justicia. En el primer momento, los parlamentarios aprueban leyes en función de sus concepciones y puntos de vista políticos, que son los hegemónicos, o sea los de la clase social dominante. Lo político prima sobre lo jurídico, como dice algún sabio de boliche. Fue por esa razón que, poco después del 2005, los diputados y senadores progresistas aprobaron la ley que convirtió la ocupación de tierras en delito penal, una decisión política para proteger la propiedad privada de unos pocos. Cometer un acto legislativo tan injusto les provocó reordimientos y por eso, haciendo gala de fina hipocresía, aplauden contentos al gran rostrudo que defendió la propiedad social de la tierra y la reforma agraria en un acto en Brasil, bien lejos de donde votó sancionar con años de prisión a los que ocuparan tierras.

Primero se aprueba el paquete político-jurídico y luego se debe aplicarlo en concreto. Hubo momentos de la historia en que esa secuencia escalonaba leyes que favorecían a los muchos y un poder político que las aplicaba sin pusilanimidades. Fue así cuando José Artigas promulgó el Reglamento de Tierras de 1815 y lo aplicó repartiendo los latifundios expropiados sin indemnización. Fue un acto de justicia para los miles de beneficiarios del reparto y un acto de injusticia para los malos españoles y peores americanos dueños de las enormes estancias. También fue un acto popular de justicia cuando en aplicación de una ley aprobada por la Convención Nacional, los parisinos pasaron por la guillotina los cuellos de la familia real francesa. Acto lamentado como una injusticia por la nobleza feudal europea que se organizó en la Santa alianza para ver de restaurar el derecho divino a ser oprimidos por reyes. No hay vuelta, lo que es justicia para el pueblo, es injusticia para quienes lo someten y explotan.

Para absolver al general Mermot, la jueza Blanca Rieiro recurrió a los criterios de justicia esgrimidos por autores de los años ‘30, cuando se imponían las tesis jurídicas del fascismo. Por eso Blanca pudo distinguir torturas de apremios físicos, cómo si no fueran la misma cosa. Rieiro debería haber sufrido plantón durante una semana, haciéndose pichí en los calzones, con manoseos permanentes a su culo y tetas, para tener una idea práctica del apremio físico versión Mermot. Su forma de ver la justicia cosecha elogios y aplausos de los sectores comprometidos con la impunidad a la vez que es rechazada por quienes sentimos que en este país están ausentes la Verdad y la Justicia. Las víctimas ven la justicia con un color y los victimarios la ven sin color alguno, absolutamente negra. Blanca Rieiro eligió aplicar el sentido de justicia que protege a los impunes.

En cambio, cuando una jueza sostiene que se debe aplicar el derecho internacional a los crímenes de lesa humanidad, será implacablemente perseguida por los dueños del poder -civiles y militares- para que no practique sus interpretaciones, aunque ellas sean compartidas por la mitad de los ciudadanos que votaron en el 2009. En la misma dirección, para imponer el Olvido y el Perdón como práctica jurídica, fueron amenazados los abogados y personalidades defensores de los derechos humanos en el Uruguay. Quieren que se hagan amigos de los jueces de la impunidad, que no les den de qué quejarse. Usan su poder para presionar a quienes entienden que justicia es condenar a los criminales del terrorismo de Estado.

La retirada ordenada a los cuarteles en 1985, nos dejó sometidos a una doble tutela: la de inversores privilegiados con exoneraciones de impuestos, zonas francas y vías férreas para mejorar sus negocios y las de los mandos militares que cada tanto sacan su lengua viperina de la cesta para asustar a Tabaré Vázquez y a su ministro de defensa, Dr. Juan Vicente Chiarino.

El último 20 de mayo se salió otra vez a gritar en silencio que no queremos vivir más bajo tutela, que todos deben ser iguales ante la justicia y el derecho… en realidad, compañeras y compañeros, estamos pidiendo un imposible: el poder judicial, el derecho y el Estado siempre protegerán criminales de lesa humanidad y a inversores de cuello blanco, ¡¡es su razón de ser!! La democracia es tutelada o deja de ser burguesa y se transforma en poder popular. Esa es la realidad, pero nos entretenemos con apologías del onanismo mientras los impunidores hacen su agosto.

Alfredo, amigo mío, a menos que quisieras confirmar lo que ya sabes de antemano, realmente parece ocioso pregunta si la justicia es diferente para pobres y para ricos. Es terrible, pero no somos iguales ante los administradores del poder judicial. En la vida no somos iguales.

Jorge Zabalza

>>> Denuncia penal por apología a la tortura

>>> Absolución de la Jueza Rieiro







El 15 de abril de 1972 el Parlamento aprobó el Estado de Guerra Interno. Otorgó competencias a la denominada Justicia Militar para juzgar las acciones y conductas de todos aquellos ciudadanos que las Fuerzas Conjuntas, integradas por las tres armas y la Policía, entendieran que debían ser sometidas a la misma. Fue en el marco de la guerra desatada, en base al Decreto 566/1971 de Jorge Pacheco Areco, contra lo que se denominó “subversión”.

Esta cesión de atribuciones, exclusivas y propias del Poder Judicial, al ámbito castrense, significó una grave alteración de la realidad institucional del país, basada, hasta ese momento, en tres poderes independientes. El Poder Judicial, sin expresar siquiera inquietud, preocupación o molestia en forma pública, dejó de ser un poder del Estado para transformarse en un apéndice de segundo orden, enfocado en asuntos de menor jerarquía. Las Fuerzas Armadas, actuando ya con gran autonomía, comenzaron a ser casi un poder del Estado para la administración de justicia.

Juez Sumariante: complicidad en torturas

El reciente procesamiento del cnel ® Rodolfo Álvarez Nieto, injustamente procesado según el teniente gral. ® Raúl Mermot, llamó la atención por ser el primer militar a quien se le tipificó el delito de Torturas, a 32 años del retorno a la vida democrática. En su momento, Uruguay fue el país con la mayor cantidad de presos políticos en relación a su población. La tortura, masiva, sistemática, generalizada, tal como lo señaló Serpaj en 1989, fue la metodología deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas para gobernar, mantenerse en el poder y destruir a los opositores. Más de 6.000 uruguayos fueron formalmente condenados por los tribunales militares.

Aunque fue un notorio torturador, actuando incluso a cara descubierta durante el año 1972, el cnel ® Rodolfo Álvarez Nieto fue procesado por el Dr. Ángel Gómez, no por haber participado en ellas en el caso del denunciante Gerardo Riet, sino por haberlas avalado actuando como Juez Sumariante en el año 1980. Teniendo su sede en el Batallón de Artillería N° 1, La Paloma, concurrió al tenebroso centro clandestino de detención y torturas conocido como La Tablada a tomar testimonio al detenido. Allí, mediante amenazas, lo obligó a firmar un acta que debía resumir sus declaraciones y que él mismo había llevado ya redactada. Así funcionaba la denominada Justicia Militar. Así ocurrió en la inmensa mayoría de los testimonios de los detenidos ante dichos tribunales.

Gerardo Riet fue secuestrado en la calle. Luego de más de 40 días de permanecer desaparecido, aislado, detenido y sometido a torturas brutales que figuran en el expediente, compareció encapuchado, con signos visibles y notorios de lesiones físicas, ante el Juez Sumariante coronel ® Rodolfo Älvarez Nieto, en el mismo centro clandestino de tormentos, que lo obligó a firmar un acta auto incriminatoria confeccionada con anticipación por quienes iban a condenarlo. Sin ningún valor para siempre. Como todas las actas de los tribunales militares.

La Declaración del Estado de Guerra: un golpe a la separación de poderes

La Declaración del Estado de Guerra Interno modificó sustancialmente la institucionalidad democrática en el camino hacia el terrorismo de Estado. El Parlamento concedió facultades extraordinarias a las Fuerzas Conjuntas aumentando su innegable poder. En los hechos, de manera implícita, autorizó el uso de la tortura como metodología estatal en forma masiva, sistemática y generalizada. La represión que se ya desarrollaba desde mucho antes, se profundizó y agravó en todo el país. Privó a miles de uruguayos del legítimo derecho de ser juzgados de manera imparcial como lo establecen las normas constitucionales- Miles fueron sometidos a su jurisdicción inconstitucional, sin garantías y fueron condenados por los aberrantes tribunales castrenses.

La sentencia del juez Ángel Gómez es una condena, irrebatible, incuestionable, con todas las garantías del debido proceso, al cnel. ® Rodolfo Álvarez Nieto por su complicidad en las torturas a que fue sometido Gerardo Riet. Al mismo tiempo es un indudable cuestionamiento a la Justicia Militar cuando ella se aplicó a civiles y a militares constitucionalistas. El mismo se extiende y abarca a la propia Declaración del Estado de Guerra Interno y al sistema político que lo impulsó.

El procesamiento del cnel. ® Rodolfo Álvarez Nieto, producido a 32 años, interpela también a todo el Poder Judicial que no ha actuado al respecto hasta el momento con la firmeza y la tenacidad que corresponde. Ni siquiera el capitán ® Arsenio Lucero que reconoció haber torturado en la causa judicial por abusos sexuales ha sido procesado por dicho delito que desde los tribunales de Nuremberg y de Tokio integra la lista de crímenes de Lesa Humanidad cuando se ejecutan como en el proceso uruguayo.

La investigación y el castigo de las graves violaciones de los derechos humanos es fundamental para que ellas no vuelvan a ocurrir. La impunidad alienta siempre la repetición. No son asuntos viejos. El déficit de la Caja Militar deja claramente al descubierto que impunidad y privilegios van unidos, desde el retorno a la democracia.

Desde octubre de 2011 no existen obstáculos legales que impidan investigar y castigar. Con el auxilio del Poder Ejecutivo, mucho más diligente y comprometido, el Poder Judicial tiene que cumplir con sus obligaciones. La Suprema Corte de Justicia debe hacer su aporte inexcusable al respecto. No más dilatorias toleradas de los terroristas de Estado ni jueces abarrotados de causas imposibilitados de cumplir. No más impunidad.
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Crysol Opinando N° 8 – Año 6 – Jueves 25 de mayo de 2017