martes, 9 de mayo de 2017

Nadie puede vivir con $3.020


En pleno siglo XXI


Sindicato rural pidió urgente reunión con el presidente Vázquez



María Flores, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Tambos y Anexos (Sutta), le afirmó al Portal del PIT-CNT que en el corto plazo esperan una respuesta a la solicitud de entrevista que recientemente le enviaron al presidente Tabaré Vázquez. En dicho encuentro se procura analizar la situación de miseria que hoy vive el trabajador rural.

Sin ocultar su preocupación e indignación la dirigente obrera se lamentó por la política de la empresa Arrozal 33, instalada en el Departamento de Treinta y Tres, “que persigue a los dirigentes sindicales. Recordó, además, que el pasado jueves el campamento que tenían los trabajadores fue incendiado. Lo cierto es que a los compañeros sindicalizados se los persigue de forma sistemática en todo momento. Cada cosa que hacen puede ser cuestionada y ser motivo de despido, solo porque forman parte del sindicato”.

Flores recordó que en muchas oportunidades se han realizado denuncias ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) y a las reuniones concurren “los abogados de la empresa y manifiestan que no tienen ningún poder de resolución. Por eso el reclamo hoy es que las autoridades de Arrozal 33 den la cara ante los trabajadores y el país. Nos encontramos, por ejemplo, con que hay compañeros que están en penitencia y lo destinan a carpir espinas. Algo totalmente insólito”.

En los próximos días una delegación del sindicato de los trabajadores de Arrozal 33 nuevamente se volverán a reunir con las autoridades de la Dinatra y la “esperanza” es que de una vez por todas surja una solución que les permita desarrollar sus actividades sin el temor de ser marginados. “Las negociaciones en Rocha no han prosperado y es por eso que el conflicto se traslada a la capital de país. Los representantes en el interior del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en muchos casos dan pena, dan pena por la falta de profesionalismo y determinación a la hora de defender a los trabajadores”, subrayó la dirigente del Sutta,

“Esta lucha se enmarca en las distintas reivindicaciones que se lanzaron el 30 de abril durante el aniversario del Día del Trabajador Rural. No podemos dejar pasar el hecho de que muchos trabajadores del sector están hoy en el Seguro de Paro”, indicó Flores.

Para la dirigente del sector rural es “insólito” que se tenga un ficto “irrisorio” de alimentación y vivienda de $3.020. “Teniendo en cuenta que el sueldo de un peón base es de $15.400 y en muchos casos vienen incluidos esos $3,020”.

Flores fue categórica a la hora de señalar que el panorama de los trabajadores rurales “está muy complicado. Por esta razón le solicitamos recientemente por escrito, a través del prosecretario Juan Andrés Roballo, una entrevista al presidente Vázquez para que escuche la posición de los trabajadores. Creemos justo que así como escucha a la Asociación Rural o a la Federación Rural para que escuche la posición de los trabajadores”.

>>> Tierra de nadie
Delegados sindicales denunciaron en el Parlamento que hubo trabajadores muertos por la falta de seguridad laboral y la pasividad del MTSS.

“Al Beto ‑un compañero mío‑ lo agarró un cardán ‑hasta ahora me duele‑ y le arrancó el brazo. El hombre decía: “No es nada, gurises; estoy bien. Ustedes quédense tranquilos que estoy bien”. Tenía veinte y pocos años el muchacho. Decía: “No pasó nada; yo estoy bien”, y le llevaban a un lado el brazo y la mano. A las pocas horas, falleció.”

Así se expresó la semana pasada Richard Olivera, del Sindicato de Trabajadores del Arroz (SUTAA) en el Parlamento, para denunciar las
condiciones de Trabajo en Arrozal 33, en las cercanías de la localidad de Vergara.

Además de afirmar que la empresa incurre en incumplimientos de todo tipo, los delegados que asistieron a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados presentaron pruebas de que los mismos han provocado lesiones graves e incluso la muerte de varios trabajadores.

Todo se debe, dijeron, a las condiciones laborales cuasi feudales que imperan en el establecimiento, pese a las reiteradas denuncias que se han realizado.

Ante los legisladores, que seguían su relato con un asombro extremo, Olivera agregó otros casos.

“A un primo hermano mío también lo agarró un cardán y lo lastimó todo; le molió toda la parte superior del cuerpo. Fue exprimido contra el fierrerío de los cardanes. A un compañero lo agarró un sinfín de la cosechadora y lo ahorcó; estaba solo en la chacra”, dijo. .

El delegado documentó su relato con una serie de fotos que distribuyó entre los diputados, que dispusieron una visita urgente al establecimiento.

Olivera afirmó que los trabajadores son transportados a los lugares de tarea en camionetas pick up sin baranda, en donde no hay de qué agarrarse. “Hubo unas cuantas caídas”,dijo.

Al respecto afirmó que una de sus compañeras, de apenas 18 años, se cayó y se lastimó toda.

“El ingeniero en jefe le dijo: “No te voy a llevar nada al doctor; quedate ahí”. Tuvo que venir el padre de la muchacha de su casa para llevarla al doctor. No pasó nada y todo quedó impune”, protestó.

César Rodríguez, dirigente de la Unión Nacional de TRabajadores Rurales, afirmó que en el arrozal sólo uno de once equipos de maquinaria cumple “más o menos” con las condiciones de seguridad.

El resto no cuenta con ningún tipo de protección en la toma de fuerza del tractor, el cardán o las transmisiones con cadena. Sus compañeros trabajan en altura, sin protección personal, máscara, casco o lentes.

La empresa viene incumpliendo,además, según afirmaron los delegados, una serie de convenios firmados en 2006. Por esos once años, cada trabajador entiende que le corresponden unos “232 mil pesos".

“Venimos denunciando esta situación ante el Ministerio de Trabajo hace dos años y medio”, afirmó. “Exigimos que se responsabilice y se comprometa a regular las condiciones del sector arrocero. No puede ser que un trabajador pierda la un brazo, la pierna o la vida para acudir a ver qué está pasando”.

Los trabajadores de Arrozal 33 vienen de un paro de catorce días.

“Estamos en un preacuerdo pero pende de un hilo, porque ya sabíamos de las represalias al volver, porque es un sistema represor medieval”, dijo Olivera.

Rodríguez afirmó por su parte que la represión sindical está extendida a todo el sector arrocero. Entre los aspectos, menciono una amenaza de uno de los empleadores a un delegado con un cuchillo. Recientemente, el administrador tomó por el cuello a uno de los sindicalistas que estaba convocando a un paro.

“Está un poco extendido eso de la tierra de nadie”, dijo.

En Arrozal 33 viven 110 familias al fondo de la plantación. Hay una iglesia, una comisaría, una escuela y un club.

Según Rodríguez, existe además el problema sobre dónde empieza lo público y dónde lo privado, en servicios como agua y saneamiento.

El propietario actual es de origen brasileño, pero la administración que está hace años a cargo del establecimiento es paraguaya.

En la noche del jueves tomó fuego el campamento sindical de los trabajadores de Arrozal Treinta y Tres, que habían retornado a sus actividades en el marco del preacuerdo alcanzado en el Ministerio de Trabajo el pasado domingo. Afortunadamente no había personas al momento del siniestro.
A principios de abril los trabajadores de Arrozal 33 se declararon en conflicto e instalaron un campamento sindical en Ruta 18 y camino Arrozal Treinta y Tres.
Dos trabajadoras habían sido sancionadas por la empresa tras ejercer su derecho a licencia sindical, argumentando que no había sido debidamente solicitada. Una de ellas fue enviada a seguro de paro.
Además el sector sigue sin tener acuerdo salarial, y la empresa tiene denuncias de graves falencias en las medidas de seguridad. 
En esa oportunidad, los trabajadores denunciaron además agresiones físicas por parte de los representantes de la empresa, que incluían golpes de puño e intentos de tirarle agua caliente al delegado sindical Richard Olivera, a quien también tomaron del cuello de la camisa. 
Tras arduas negociaciones en el Ministerio de Trabajo, ambas mujeres fueron reintegradas a sus funciones en el marco de un preacuerdo.
Sin embargo, cuando los trabajadores levantaron las medidas y se presentaron a trabajar este martes, se encontraron con que varios habían sido destinados a otras tareas, lo que les reportaba un perjuicio económico.
Además un trabajadores fue despedido. Es padre de uno de los más salientes dirigentes sindicales de la empresa, y los trabajadores consideran que es una medida tomada con el fin de intimidar y desalentar la organización sindical.
El próximo miércoles volverán a negociar en la Dirección Nacional de Trabajo, según dijo a Subrayado el representante del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines, y su principal aspiración es que las autoridades intervengan para evitar los malos tratos y la escalada de violencia de parte de la empresa.
Los trabajadores nunca lograron hablar con los  dueños de la empresa, siempre debieron negociar con abogados intermediarios o con los administradores de la actividad del establecimiento. 
En Arrozal 33 trabajan unas 700 personas, más de 300 en el sector cultivo.



Arrozal 33: incendiaron campamento y sindicato responsabiliza a la empresa 

06 • mayo • 2017

 Hace 15 días que los trabajadores de Arrozal 33 pusieron fin a las medidas desplegadas ante una serie de afectaciones sindicales, de seguridad laboral y reclamos económicos. En la madrugada del viernes, una carpa que tenían instalada desde que se originó el conflicto fue prendida fuego por desconocidos. No había nadie en el lugar cuando se provocó el incendio. El jueves, la empresa había despedido a un trabajador, padre de un delegado sindical. Este trabajador no cobra lo que su tarea representa; le pagan por otra categoría laboral, más baja. Hace un mes echaron a dos trabajadoras sindicalizadas de la empresa que bregaban por la negociación colectiva en una asamblea de sindicalistas arroceros. “Hay que entender que los trabajadores levantan el conflicto no conforme con lo que la empresa había propuesto, pero sí estamos de acuerdo en la mesa de negociación para mejorar las condiciones de trabajo y el relacionamiento laboral, teniendo en cuenta las graves denuncias que tiene la empresa en materia de seguridad laboral”, explicó Marcelo Amaya, del gremio, a la diaria. Los sindicalistas responsabilizan a la empresa por la profundización del conflicto. “Si esto sigue así se va a prender fuego la pradera”, advirtió Amaya. Aseguran, además, que desde 2008 los trabajadores no tienen convenio colectivo, y que muchas de las cláusulas del convenio de 2006 no se cumplen en Arrozal 33. La empresa posee 8.000 hectáreas de cultivo. Por hectárea salen 170 bolsas de 50 kilos. En la empresa trabajan unas 250 personas, además de los jornaleros que se contratan cuando es necesario. Su producción está destinada a Brasil.





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